La secretaria de Estado de Defensa, Amparo Valcarce, ha calificado este jueves de “irresponsable” la postura del PP por ver “antisemitismo” en el Gobierno a raíz de la rescisión de contratos con Israel tras sus bombardeos sobre la población palestina. Ha recalcado que las decisiones del Ejecutivo se toman “de manera coherente, objetiva y conforme a la política exterior independiente” de España, respetando siempre la legalidad nacional, europea e internacional.
Durante su comparecencia en la Comisión Mixta (Congreso-Senado) de Seguridad Nacional, el senador del PP José Antonio Monago ha planteado qué consecuencias puede acarrear para la seguridad la cancelación de acuerdos con Israel, insistiendo en que no se trata de simples “gestos políticos”, sino de las “capacidades operativas reales”, de la protección de los militares y de la “capacidad efectiva del Estado para garantizar su propia defensa”.
Según Monago, resulta “extraordinariamente grave” que el Gobierno haya tomado decisiones “con consecuencias estructurales” sin detallar “cuál es el análisis real del impacto” sobre las capacidades de España, recordando que los sistemas de Defensa no son sustituibles “de un día para otro” ni pueden rescindirse “sin consecuencias operativas, económicas y estratégicas”.
El PP alerta de compras de material israelí a través de terceros
Como ejemplo, el senador popular ha citado el programa de misiles anticarro. Ha recordado que el Ejecutivo anunció el reemplazo del sistema Spike R2 por el sistema europeo Mells, pero ha remarcado que este último está desarrollado por el consorcio Eurospike, en el que participa la empresa israelí Rafael, y que el contratista principal en España es PAP Tecnos, filial de esa misma compañía. A su juicio, se proclama “una ruptura política” mientras en la práctica se mantienen “vínculos tecnológicos e industriales con el mismo origen”.
Monago ha preguntado de forma expresa si el Gobierno ha llevado a cabo “un análisis integral del impacto” de estas decisiones y si puede asegurar que no se producirán “brechas operativas”, sobrecostes “significativos” ni problemas de interoperabilidad con los aliados. Por ello, ha exigido “rigor y responsabilidad” en un ámbito que, ha dicho, “no puede gestionarse mediante decisiones impulsivas ni mediante declaraciones simbólicas”.
En su primera intervención, Valcarce ha subrayado que el Gobierno mantiene un “firme compromiso” con la seguridad y la defensa de España y con el refuerzo de la autonomía estratégica, tanto nacional como europea, dentro de un plan de desconexión destinado a reducir dependencias tecnológicas. “Ninguna tecnología que tenga origen o destino en este país será adquirida por España”, ha afirmado en referencia a Israel, remitiéndose al real decreto que regula la tramitación de estas compras.
La secretaria de Estado ha añadido que el Ministerio colabora con la industria nacional para no tener “ninguna dependencia tecnológica de Israel” y ha puesto en valor el respaldo a la base industrial y tecnológica de defensa, con especial atención a las pymes, para facilitar su participación en grandes programas europeos.
En su turno de réplica, Monago ha censurado que la representante del Gobierno no ofreciera datos concretos sobre cifras, plazos o evaluaciones de riesgo y ha acusado al Ejecutivo de moverse por “razones ideológicas” con el fin de asegurar la “gobernabilidad” de la coalición de izquierdas. En este contexto, ha afirmado que “aquí lo que hay es un sesgo, claramente antisemita”, aunque ha precisado que atribuía esa expresión a lo que pudiera pensar “alguno”.
Valcarce niega motivaciones ideológicas y rechaza la acusación de antisemitismo
Valcarce ha replicado con firmeza a estas palabras y ha considerado “irresponsable mezclar el antisemitismo, que es gravísimo. “Mi más enérgica condena al antisemitismo”, ha añadido, defendiendo que España dispone de “un marco riguroso de control” sobre exportaciones e importaciones de material de defensa y que todas las operaciones se ajustan a la normativa vigente.
La secretaria de Estado ha remarcado que la decisión de suspender o rescindir contratos con terceros países, incluido Israel, se adopta en defensa de los “legítimos intereses de España” y “no responde ni a criterios ideológicos ni arbitrarios que dañen la seguridad nacional”, reiterando que el Gobierno actúa con responsabilidad y preserva las capacidades de seguridad y defensa del país.
Sin embargo, el PP ha mantenido sus críticas a través del diputado Rafael Hernando, quien sostiene que “desgraciadamente el antisemitismo existe en España y está en el Gobierno”. “Sin aquellos que dicen ‘Desde el río hasta el mar’”, ha apostillado poco después, utilizando el lema palestino que suelen emplear dirigentes de Sumar.
Valcarce ha reiterado su “enérgica condena del antisemistismo y ha insistido en que resulta “muy grave” vincular el antisemitismo con las decisiones que se adoptan en el seno del Gobierno en materia de contratación de defensa.