El Consejo Consultivo de Comunicación Parlamentaria (CCCP) del Congreso, en el que están presentes diputados de todos los grupos salvo PP y Vox, ha concluido que Vito Quiles y Bertrand Ndongo han cometido infracciones graves y ha remitido el asunto a la Mesa de la Cámara, que será la encargada de decidir si mantiene o suspende su acreditación como periodistas.
Quiles, de Estado de Alarma (EDATV), y Ndongo, de Periodista Digital, fueron objeto de denuncias a finales de diciembre por distintos incidentes en el Congreso de los Diputados y se enfrentan a posibles sanciones que podrían llegar a la retirada de su credencial entre once días y tres meses.
La Mesa del Congreso analizará este jueves los dictámenes elaborados por el citado consejo, en el que también participan, sin derecho a voto, representantes de asociaciones de periodistas. Si opta por seguir adelante con el expediente, el órgano de gobierno de la Cámara nombrará a un letrado instructor para continuar con el procedimiento, durante el cual deberá ofrecer a los afectados la posibilidad de presentar alegaciones. El Reglamento fija en seis meses el plazo máximo para que la Mesa resuelva si impone sanciones, decisión que podrá ser recurrida.
La Asociación de Periodistas Parlamentarios denunció a Vito Quiles por dos episodios en los que, según determina el consejo tras revisar las pruebas, habría incurrido en cinco infracciones calificadas como graves en el artículo 98.6 del Reglamento del Congreso.
En uno de los casos, el CCCP considera que Quiles cometió dos de esas infracciones al grabar con su teléfono móvil en una zona del Congreso donde no estaba autorizado a hacerlo —al no figurar como prensa gráfica— y al difundir posteriormente las imágenes en redes sociales el 11 de diciembre. “Los hechos se produjeron a la salida de un acto organizado por la institución cuando el denunciado persiguió contra su voluntad al ex presidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero y, más tarde, difundió dichas imágenes grabadas sin autorización en sus redes sociales”, relata el informe.
Un segundo informe sobre Quiles, a raíz de otra denuncia de la APP por su conducta el 20 de noviembre, detalla que, “a pesar de ser advertido por funcionarios de la Cámara y por periodistas acreditados de que no estaba en un área autorizada para grabación, captó imágenes del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, contradiciendo de manera flagrante” su voluntad de no ser entrevistado y, de nuevo, las difundió en redes sociales. Por estos hechos se le atribuyen otras tres posibles infracciones graves.
Acusaciones de violencia verbal contra la portavoz de Sumar
En el caso de Bertrand Ndongo, se abrió expediente a raíz de una denuncia de Sumar por lo ocurrido durante una rueda de prensa de su portavoz, Verónica Martínez Barbero, el 25 de noviembre. El consejo aprecia la posible comisión de dos infracciones graves por interrumpir la comparecencia y por “incumplir las directrices e instrucciones del personal responsable de forma consciente, deliberada y repetida”.
Según el órgano consultivo, la rueda de prensa se vio “violentada” y su desarrollo “severamente distorsionado”, mientras el denunciado “hacía caso omiso de las instrucciones para mantener el orden e ignoraba el turno establecido”. Esa actuación, añade el informe, “afectó negativamente la labor de los representantes de los medios de comunicación que trataban de hacer su trabajo, lo cual reviste una insoslayable gravedad”.
“El incidente, además, implicó el ejercicio de una visible violencia verbal sobre la diputada y la periodista afectada, hecho impropio de un acto en sede parlamentaria”, concluye el Consejo Consultivo de Comunicación.
Régimen de sanciones y posibles consecuencias
De acuerdo con el Reglamento del Congreso, las infracciones graves se castigan con la suspensión de la credencial entre 11 días y tres meses. El plazo de prescripción comienza el día en que se produce la conducta, salvo en el caso de infracciones continuadas o permanentes, en cuyo supuesto empieza a contar cuando cesa la actuación infractora.
La sanción recae sobre el representante del medio que haya cometido la infracción y, si esta es grave o muy grave, el medio no podrá sustituir a la persona sancionada por otro profesional mientras dure la suspensión de la acreditación.
Además, cuando las infracciones graves se repitan en más de dos ocasiones en el plazo de un año “o de modo que se perjudique de manera muy grave el normal funcionamiento de la Cámara”, pasarán a considerarse muy graves. En ese escenario, la sanción puede implicar la retirada de la credencial de tres meses y un día a tres años o incluso su revocación definitiva.
Tras estudiar los informes del CCCP, la Mesa del Congreso resolverá este jueves si continúa con la tramitación del procedimiento, designará a los responsables de la instrucción y abrirá un periodo de alegaciones para los implicados, quienes, en caso de ser finalmente sancionados, podrán recurrir la resolución.