La Comisión de Defensa del Congreso afronta este miércoles el debate y la votación sobre la posible ampliación del embargo de armas y productos de defensa ya vigente contra Israel, para que incluya también el material policial y de vigilancia que el Estado hebreo pueda utilizar en Palestina, en el contexto de su ofensiva sobre la Franja de Gaza y Cisjordania. La iniciativa ha sido planteada por Sumar, ERC y Bildu.
La Cámara Baja aprobó el embargo a la compraventa de material militar con Israel a comienzos de octubre de 2025, después de que el Gobierno lo pusiera en marcha como medida de presión sobre Tel Aviv en plena ofensiva sobre los territorios palestinos ocupados, una actuación que el Ejecutivo llegó a calificar de "genocidio".
El presidente Pedro Sánchez defendió entonces que se consolidaba así el veto al comercio militar con Israel que "de facto" estaba en vigor desde el 7 de octubre de 2023, fecha en la que el Estado hebreo lanzó una ofensiva contra Palestina como respuesta a la masacre de Hamás.
En 2024, España vendió a Israel material por 1,45 millones de euros, aunque todo ese volumen se dirigió "exclusivamente" a componentes destinados a terceros países, como Filipinas y Estados Unidos. Durante el primer semestre de 2025 no se registraron exportaciones a Israel, de acuerdo con los datos de la Secretaría de Estado de Comercio.
Desde el 7 de octubre de 2023, España ha rechazado 219 licencias de exportación e importación de material de defensa y tecnologías de doble uso con destino a Israel, según las cifras de la Secretaría de Estado de Comercio.
La Junta Interministerial Reguladora del Comercio Exterior de Material de Defensa y de Doble Uso (JIMDDU), órgano competente en la materia, denegó 64 licencias de exportación y cuatro de importación de material de defensa a Israel entre octubre de 2023 y el 31 de enero de 2026. Tras la adopción formal del embargo en octubre, el número de licencias de exportación e importación vetadas asciende a 151.
Sumar, ERC y Bildu pretenden que la prohibición de transferencias a Israel abarque todo tipo de armamento, equipos, tecnología o componentes que puedan contribuir a "violaciones graves del Derecho Internacional Humanitario o de los Derechos Humanos", incluyendo de forma explícita el material policial y de vigilancia utilizado en Palestina.
Estas demandas se recogen en sus propuestas de resolución al "Informe de exportación de material de defensa, de otro material y de productos y tecnologías de doble uso" de 2024, a las que ha tenido acceso Europa Press, y que se someterán a votación este miércoles en la Comisión de Defensa.
Las formaciones independentistas catalana y vasca reclaman también que la decisión de impedir el tránsito por territorio español de buques y aeronaves con material de defensa con destino a Israel se mantenga en la próxima legislatura, y que se doten los medios y procedimientos necesarios para asegurar el cumplimiento efectivo de esta restricción.
Control de las exportaciones de armas a Estados Unidos y al ICE
Sumar, ERC y Bildu aprovechan además las propuestas de resolución al informe anual de la Secretaría de Estado de Comercio para instar al Gobierno a seguir reforzando la evaluación de riesgos y la trazabilidad de las exportaciones de armamento, con recursos y medidas adicionales que impidan que las armas vendidas a Estados Unidos puedan facilitar o implicarse en "violaciones graves del Derecho Internacional Humanitario o de los Derechos Humanos", tanto en territorio estadounidense como en operaciones militares en el exterior.
En esta misma línea, piden a la Secretaría de Estado de Comercio que ofrezca información más precisa sobre los usuarios finales en Estados Unidos, detallando las unidades militares y agencias federales receptoras, entre ellas el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) y la Oficina de Protección Fronteriza (CBP).
El ICE es la agencia estadounidense encargada de detenciones masivas de inmigrantes y de redadas violentas que terminaron con la muerte de dos ciudadanos estadounidenses a manos de agentes federales en Mineápolis.
ERC y Bildu van más lejos y, en sus propuestas conjuntas, exigen al Ejecutivo que rechace licencias de exportación de armas al ICE y al CBP hasta que "cese la impunidad" por las violaciones de Derechos Humanos y el ICE reciba formación específica sobre normas internacionales relativas al uso de la fuerza y de las armas de fuego y acredite "en la práctica" que las cumple.
Asimismo, reclaman que la JIMDDU no autorice exportaciones de armas de fuego, de caza y de tiro deportivo a Estados Unidos ante "la ausencia de medidas suficientes para mitigar el riesgo de perpetuación del ciclo de violencia, su alto índice de violencia armada, el coste y el sufrimiento humano que genera".
De forma paralela, ERC y Bildu solicitan en sus resoluciones que el Gobierno acelere la tramitación parlamentaria de la nueva Ley de Secretos Oficiales, actualmente en fase de enmiendas en el Congreso.
Transparencia en el comercio de armas y reforma del secreto oficial
Además, ERC, Bildu y PNV plantean una modificación de la Ley de Secretos Oficiales para levantar el carácter reservado de las actas de la JIMDDU y así arrojar más transparencia sobre las decisiones relativas al comercio de armas en España.
Los tres partidos reclaman igualmente que el Ejecutivo asuma "un papel más activo" en la promoción y defensa de la Convención de Ottawa, que prohíbe las minas antipersona, y en el impulso de otros instrumentos internacionales como la Convención de Dublín contra las bombas de racimo o las iniciativas para frenar el desarrollo de "robots asesinos".
Vox y PP: más flexibilidad con Israel y más límites a Irán
Por su parte, Vox ha registrado en la Comisión de Defensa otras propuestas de resolución al informe, centradas en retirar las restricciones a las exportaciones de armas y material de doble uso con destino a Israel y en promover una revisión de la posición común europea que regula el control de las exportaciones de tecnología y equipamiento militar, con el objetivo de facilitar las ventas.
El PP, en cambio, plantea instar a la JIMDDU a denegar autorizaciones administrativas para la exportación de productos y tecnologías de doble uso a Irán, con la intención de impedir operaciones como las aprobadas en 2024 hacia ese país, que incluían detonadores y explosivos tipo A, B y E, entre otros materiales, y reforzar los controles bajo su competencia para garantizar el cumplimiento de los embargos vigentes sobre Irán relativos al comercio de material de defensa y equipos de represión interna.
En 2024, España exportó a Irán detonadores, explosivos tipo A, B y E, reactivos de laboratorio y 'software' de control por un importe de 1.331.289 euros, según recoge el "Informe de exportación de material de defensa, de otro material y de productos y tecnologías de doble uso" de 2024. En ese mismo periodo se denegaron tres licencias para juegos de juntas, empaquetadoras para válvulas, válvulas de bola y grabadores térmicos.
El Gobierno argumentó que ese material no se empleó en la represión de las protestas de finales de diciembre de 2025 derivadas de la crisis económica que desembocó en la exigencia de poner fin al régimen de Alí Jamenei. Aquella represión causó más de 3.000 manifestantes muertos, según las cifras reconocidas por las propias autoridades iraníes.