La Comisión de Defensa del Congreso abordará este miércoles el debate y la votación sobre la posibilidad de extender el embargo de armas y productos de defensa ya vigente contra Israel al material policial y de vigilancia que el Estado hebreo pueda emplear en Palestina, en el contexto de su ofensiva sobre la Franja de Gaza y Cisjordania. La iniciativa ha sido registrada por Sumar, ERC y Bildu.
La Cámara Baja aprobó el embargo a la compraventa de material militar con Israel a comienzos de octubre de 2025, después de que el Gobierno lo pusiera en marcha como medida de presión sobre Tel Aviv en plena ofensiva sobre los territorios palestinos ocupados, una operación que el Ejecutivo calificó de "genocidio".
El presidente Pedro Sánchez defendió entonces que se oficializaba así el veto al comercio militar con Israel que "de facto" se venía aplicando desde el 7 de octubre de 2023, cuando el Estado hebreo lanzó su ofensiva contra Palestina en respuesta a la masacre de Hamás.
En 2024, España exportó a Israel material por 1,45 millones de euros, pero todo ese volumen se dirigió "exclusivamente" a componentes destinados a terceros países, entre ellos Filipinas y Estados Unidos. Durante el primer semestre de 2025 no se registraron exportaciones a Israel, de acuerdo con los datos de la Secretaría de Estado de Comercio.
Desde el 7 de octubre de 2023, España ha rechazado 219 licencias de exportación e importación de material de defensa y tecnologías de doble uso con destino a Israel, según la misma Secretaría de Estado de Comercio.
El órgano competente, la Junta Interministerial Reguladora del Comercio Exterior de Material de Defensa y de Doble Uso (JIMDDU), denegó 64 licencias de exportación y cuatro de importación de material de defensa a Israel desde octubre de 2023 hasta el 31 de enero de 2026. Desde la adopción formal del embargo en octubre se han rechazado 151 licencias de exportación e importación.
Sumar, ERC y Bildu reclaman que la prohibición de transferencias a Israel se haga extensiva a cualquier armamento, equipo, tecnología o componentes que puedan contribuir a la comisión de violaciones graves del Derecho Internacional Humanitario o de los Derechos Humanos, abarcando de forma expresa el material policial y de vigilancia utilizado en Palestina.
Estas demandas se recogen en sus propuestas de resolución al "Informe de exportación de material de defensa, de otro material y de productos y tecnologías de doble uso" de 2024, a las que ha tenido acceso Europa Press, y que se someterán a votación este miércoles en la Comisión de Defensa.
Las formaciones independentistas catalana y vasca plantean también que la decisión de no autorizar el tránsito por territorio español de buques y aviones con material de defensa con destino a Israel se mantenga en la próxima legislatura, y que se habiliten los procedimientos y recursos necesarios para garantizar su cumplimiento efectivo.
Control de las armas exportadas a Estados Unidos
En otro bloque de propuestas, Sumar, ERC y Bildu aprovechan la tramitación del informe anual de la Secretaría de Estado de Comercio para instar al Gobierno a seguir reforzando la evaluación de riesgos y la trazabilidad de las exportaciones de armas, con los recursos y medidas adicionales necesarios, a fin de impedir que el armamento enviado a Estados Unidos pueda facilitar o contribuir a violaciones graves del Derecho Internacional Humanitario o de los Derechos Humanos, ya sea en territorio estadounidense o en operaciones militares en el exterior.
En coherencia con ello, reclaman a la Secretaría de Estado de Comercio que proporcione información más pormenorizada sobre los usuarios finales en Estados Unidos, detallando las unidades militares y las agencias federales receptoras, incluidos el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) y la Oficina de Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés).
El ICE es la agencia estadounidense encargada de las detenciones masivas de inmigrantes y de las redadas violentas que terminaron con la muerte de dos ciudadanos estadounidenses a manos de agentes federales en Mineápolis.
ERC y Bildu van más allá y, en sus propuestas de resolución registradas conjuntamente, exigen al Gobierno que rechace las licencias de exportación de armas dirigidas al ICE y al CBP hasta que "cese la impunidad" por las violaciones de Derechos Humanos y el ICE reciba formación específica sobre las normas internacionales relativas al uso de la fuerza y de las armas de fuego y demuestre "en la práctica" su aplicación.
Igualmente, solicitan que la JIMDDU no autorice exportaciones de armas de fuego, de caza y de tiro deportivo a Estados Unidos ante "la ausencia de medidas suficientes para mitigar el riesgo de perpetuación del ciclo de violencia, su alto índice de violencia armada, el coste y el sufrimiento humano que genera".
Además, ERC y Bildu plantean en sus propuestas que el Gobierno acelere la tramitación parlamentaria de la reforma de la Ley de Secretos Oficiales, actualmente en fase de enmiendas en el Congreso.
Transparencia sobre la venta de armamento
En relación con el secretismo, ERC, Bildu y PNV persiguen una modificación de la Ley de Secretos Oficiales que suprima el carácter reservado de las actas de la JIMDDU, con el objetivo de arrojar mayor transparencia sobre el comercio de armas en España.
Asimismo, los tres partidos reclaman al Ejecutivo "un papel más activo" en la defensa y promoción de la Convención de Ottawa, que prohíbe las minas antipersona, y en el impulso de otras iniciativas como la Convención de Dublín contra las bombas de racimo o los acuerdos internacionales frente a los denominados 'robots asesinos'.
Propuestas de Vox y PP sobre Israel e Irán
Vox, por su parte, ha presentado ante la Comisión de Defensa distintas propuestas de resolución al informe, centradas en su mayoría en levantar las restricciones a las exportaciones de armas y material de doble uso con destino a Israel y en promover una revisión de la posición común europea que regula el control de las exportaciones de tecnología y equipos militares, con el fin de facilitar dichas ventas.
El PP, en cambio, propone instar a la JIMDDU a no conceder autorizaciones administrativas de exportación de productos y tecnologías de doble uso a Irán, bloqueando operaciones como las autorizadas en 2024 hacia ese país de detonadores y explosivos tipo A, B y E, entre otros materiales, y reforzando los controles bajo su competencia para asegurar el cumplimiento de los embargos vigentes sobre Irán en materia de comercio de material de defensa o equipos de represión interna.
En 2024, España exportó a Irán detonadores, explosivos tipo A, B y E, reactivos de laboratorio y 'software' de control por un importe de 1.331.289 euros, según figura en el "Informe de exportación de material de defensa, de otro material y de productos y tecnologías de doble uso" de 2024. En paralelo, se denegaron tres licencias para juegos de juntas, empaquetadoras para válvulas, válvulas de bola y grabadores térmicos.
El Gobierno argumentó que ese material no se empleó en la represión de las protestas de finales de diciembre de 2025 derivadas de la crisis económica que desembocó en la exigencia del fin del régimen de Alí Jamenei. La respuesta represiva dejó más de 3.000 manifestantes muertos, según las cifras reconocidas por las propias autoridades iraníes.