El consejero extremeño de Cultura defiende que la Cruz de los Caídos de Cáceres puede ser Bien de Interés Cultural

Laureano León defiende que la Cruz de los Caídos de Cáceres cumple los requisitos para ser BIC, pese a la orden estatal de retirarla del espacio público.

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El Consejero De Cultura, Turismo Y Deportes, Laureano León, Comparece Ante Los Medios En El Patio De La Asamblea De Extremadura. EUROPA PRESS
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El titular de Cultura, Turismo y Deportes de la Junta de Extremadura, Laureano León, ha afirmado que, a su juicio, la Cruz de los Caídos de Cáceres cumple las condiciones necesarias para ser reconocida como Bien de Interés Cultural (BIC). El procedimiento administrativo para su posible declaración sigue su curso mientras, en paralelo, el Gobierno central ha ordenado su retirada.

León se ha pronunciado en estos términos en declaraciones a los medios de comunicación, al ser preguntado por los periodistas antes de comparecer, a iniciativa propia, ante la Comisión de Cultura, Turismo y Deportes de la Asamblea de Extremadura, donde ha expuesto las líneas generales de trabajo de su departamento.

Al ser cuestionado por las primeras decisiones que prevé adoptar su consejería y, en concreto, por si entre ellas figura impulsar el expediente para la declaración del monumento como BIC, ha recordado que "es un proceso que está en marcha" y que, por tanto, continuará "como hasta ahora".

Cuando finalice la tramitación del expediente, la cruz podrá ser declarada BIC si finalmente se constata que cumple los criterios exigidos. En este punto, el consejero ha reiterado que su opinión personal es favorable a esa protección. "Desde luego mi apreciación es que sí reúne las condiciones", ha recalcado, aunque ha subrayado que la decisión final deberá adoptarse "conforme a los informes técnicos".

La Cruz de los Caídos se ha convertido en el centro de un conflicto institucional entre la Junta de Extremadura y el Ayuntamiento de Cáceres, ambos gobernados por el PP, que respaldan el mantenimiento de la cruz situada en la Plaza de América de la ciudad, y el Gobierno central. La polémica se intensificó después de que la Secretaría de Estado de Memoria Democrática aprobara una resolución oficial en la que incluye este monumento en el Catálogo de Símbolos y Elementos Contrarios a la Memoria Democrática y ordena su retirada inmediata del espacio público.