El PP aprovechará su mayoría absoluta en la Cámara Alta para sacar adelante en el Pleno de esta semana la puesta en marcha de una comisión de investigación sobre la situación de la red ferroviaria española, que abarcará la alta velocidad, Rodalies en Cataluña y los Cercanías, tal y como anunció hace unas semanas el líder de los 'populares', Alberto Núñez Feijóo.
La decisión se produce tras la comparecencia del ministro de Transportes, Óscar Puente, en un Pleno extraordinario del Senado para informar sobre los accidentes ferroviarios de Adamuz (Córdoba) y Gelida (Barcelona), donde Feijóo avanzó en una entrevista televisiva que el PP promovería una comisión de investigación sobre el estado de la red en todo el país.
Los 'populares' han formalizado ya la propuesta de creación de esta comisión de investigación —la sexta que se constituye en el Senado— y prevén someterla a votación en el Pleno de la próxima semana.
En un comunicado, el PP sostiene que “los españoles sufren retrasos y cancelaciones en sus viajes e inseguridad en sus desplazamientos. Y todo ello por la negligente gestión del Gobierno de Sánchez y Puente, que han abandonado las infraestructuras ferroviarias y que han priorizado las redes sociales, las mordidas y los enchufes de sobrinas en el Ministerio, en vez de las redes ferroviarias”.
Fiscalizar la gestión desde 2018
Al registrar la iniciativa, el Grupo Popular explicó que su intención es “analizar y evaluar la gestión, desde junio de 2018 hasta la actualidad, del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, de Renfe y de Adif en materia de mantenimiento, seguridad y fiabilidad del sistema ferroviario español”.
En particular, la comisión deberá examinar los contratos adjudicados por Adif y Renfe, los expedientes de riesgos de todas las obras de renovación de las líneas de Alta Velocidad, así como el control de las “inversiones destinadas al mantenimiento y a la seguridad ferroviaria desde 2018”, fecha de la llegada de Pedro Sánchez a La Moncloa.
El PP argumenta que el sistema ferroviario español “atraviesa desde hace años un proceso continuado de deterioro operativo, técnico y de fiabilidad que ha dejado de ser coyuntural para adquirir un carácter claramente estructural”.
Según el escrito registrado, “este deterioro afecta al conjunto de la red ferroviaria, tanto convencional como de alta velocidad, y se manifiesta en la proliferación de incidencias graves, retrasos sistemáticos, cancelaciones, restricciones de velocidad, vibraciones excesivas, fallos recurrentes de infraestructura y material rodante, descarrilamientos, deficiente información a los viajeros y una pérdida progresiva de confianza por parte de usuarios y profesionales del sector”.
Alarma por el aumento de descarrilamientos
El PP subraya que las estadísticas oficiales reflejan “un incremento significativo de los accidentes ferroviarios desde 2018, con un máximo histórico en 2023 y una evolución posterior que no corrige el deterioro acumulado”. A su juicio, de forma “especialmente alarmante”, los descarrilamientos “han experimentado un crecimiento anómalo, situando a España entre los países europeos con peores indicadores de seguridad ferroviaria en los últimos años”.
El partido defiende que estos problemas no son “episodios aislados”, sino que se enmarcan en una “infraejecución prolongada de la inversión ferroviaria en materia de mantenimiento y seguridad”. Además, considera que se han visto agravados por el aumento de “la presión operativa derivada de la liberalización del transporte de viajeros, sin que conste un refuerzo previo, suficiente y acreditado de los recursos destinados al mantenimiento, la supervisión y el control de la infraestructura común”.
En este escenario de “deterioro acumulado”, el PP sitúa el accidente de Adamuz (Córdoba) del 18 de enero, con 45 víctimas mortales y decenas de heridos, y el posterior descarrilamiento en Gélida (Barcelona) del 20 de enero, con un maquinista fallecido y decenas de heridos. A su entender, estos siniestros han evidenciado “deficiencias graves en el estado de la infraestructura, en los sistemas de inspección y mantenimiento, en la gestión del riesgo y en la respuesta institucional posterior”.
Asimismo, el PP sostiene que la reacción del Ministerio de Transportes tras estos accidentes “ha evidenciado déficits relevantes en transparencia, rendición de cuentas y asunción de responsabilidades políticas”, además de “una preocupante falta de atención a las advertencias formuladas desde hace años” por los maquinistas.
Adif, Renfe y la toma de decisiones
Por todo ello, el Grupo Popular que encabeza Alicia García plantea la creación de una comisión de investigación en el Senado centrada en la gestión del Gobierno de Sánchez desde 2018. En concreto, pretende que se estudie “la planificación, ejecución y control de las inversiones destinadas al mantenimiento y a la seguridad ferroviaria desde 2018”; la situación de la red de Cercanías y Rodalies; y la gestión de las Limitaciones Temporales de Velocidad y su impacto en la seguridad y la calidad del servicio.
El PP reclama, además, que se analice la estructura de dirección y los procesos de toma de decisiones en Adif y Renfe y “su influencia en la continuidad y eficacia de la gestión”, así como la respuesta institucional ante los accidentes ferroviarios graves y el seguimiento de las recomendaciones técnicas y profesionales.
En el documento registrado se pide también estudiar “la adecuación de los sistemas de inspección, control y protección de la circulación ferroviaria a las condiciones de la infraestructura y densidad de tráfico; la situación actual de los sistemas de comunicación y localización en todos los trenes que sirvan para ubicarlos de manera exacta y en tiempo real; y los expedientes de riesgos de todas las obras de renovación de las líneas de Alta Velocidad, y en particular de la línea Madrid-Sevilla”.
El PP exige revisar los contratos adjudicados por Adif y Renfe, en especial los relacionados con mantenimiento, conservación, seguridad y sistemas críticos, su grado de ejecución, control, cumplimiento y repercusión sobre la seguridad ferroviaria. Igualmente, solicita un análisis de las condiciones laborales y reclama aclarar si se produjo “supresión de la Unidad de Emergencias, Seguridad y Gestión de Crisis”.
Planes incumplidos y normativa pendiente
Los 'populares' ponen el acento en los “incumplimientos legislativos” que atribuyen al Gobierno, como la falta de aprobación de un Plan de choque ferroviario, un plan de atención urgente a los pasajeros y un protocolo de análisis de incidencias en la red ferroviaria previstos en la Ley de Movilidad Sostenible.
También señalan que sigue sin aprobarse el Estatuto orgánico contemplado en la Ley 2/2024, de 1 de agosto, por la que se crea la Autoridad Independiente para la Investigación Técnica de Accidentes e Incidentes ferroviarios, marítimos y de aviación civil; ni se ha traspuesto la directiva europea sobre la resiliencia de las entidades críticas, “cuyo incumplimiento ha motivado que la Comisión Europea, en julio de 2025, la emisión de un dictamen motivado en el marco de un procedimiento de infracción”, según el PP.