El PP ha defendido este martes en el Pleno del Congreso la toma en consideración de una proposición de ley contra la ocupación ilegal de viviendas, en la que plantea desalojos en 24 horas, endurecimiento de penas y la prohibición de empadronar a okupas, entre otras medidas. Desde la izquierda, sin embargo, han acusado a los 'populares' de exagerar el problema y de legislar en beneficio de bancos, fondos buitre y grandes propietarios.
En la presentación de la iniciativa, el diputado Sergio Sayas ha asegurado que la okupación ha aumentado "de manera exponencial" en España y que el Gobierno "se está poniendo del lado de los delincuentes". Ha cifrado en 79.000 las viviendas ocupadas y en 21.000 las 'inquiocupadas', reclamando penas más severas también para "las mafias que los organizan y que los alientan", la imposibilidad de empadronarse y que las víctimas no tengan que seguir abonando agua, luz y gas de los usurpadores.
Sayas ha vinculado además la ocupación y la inquiocupación con la escasez de oferta de vivienda, afirmando que desde la llegada de Pedro Sánchez a La Moncloa se han retirado del mercado del alquiler 265.000 inmuebles.
La propuesta del PP ha recibido el respaldo de Vox. Su diputado Ignacio Hoces considera que va "en la buena dirección" aunque, a su entender, "se queda corta". Por ello, defiende subir aún más las penas, expulsar del país al extranjero que cometa un delito de ocupación y vetar el acceso a vivienda pública o ayudas sociales en materia de vivienda a quienes tengan condenas por este tipo de delitos.
PSOE: “PROTEGEN AL GRAN ESPECULADOR”
Desde el PSOE, el diputado Raúl Díaz Martín ha acusado al PP de impulsar una ley que no persigue lo que dice, sino que busca "blanquear su estrepitoso fracaso en la política de vivienda donde gobiernan". A su juicio, el texto está pensado para proteger "al gran especulador" y no al pequeño propietario, y ha criticado que se elimine el delito de coacciones para fondos buitre que corten suministros mientras se aumenta la pena a inquilinos que no pueden afrontar el pago.
Díaz ha defendido que las personas que sufren una ocupación deben recibir apoyo mediante la vía administrativa y judicial, pero ha negado que sea un problema de gran magnitud, apuntando que la ocupación en España afecta al 0,061% del parque de viviendas. Además, ha acusado al PP de recurrir al "populismo punitivo" y de criminalizar a personas vulnerables, migrantes y pobres, remarcando que los socialistas están con quienes "solo piden vivir con dignidad".
La diputada de ERC Etna Estrems ha tildado la proposición de "obra de teatro mala y caducada". Aunque ha reconocido que existen ocupaciones conflictivas que exigen respuesta, ha denunciado que presentarlas como el principal problema de la vivienda es "de un cinismo inaceptable".
BELARRA: “PATADA A UNA VIVIENDA VACÍA DE UN BANCO”
En la misma línea crítica, el diputado de Bildu Óskar Matute ha acusado al PP de impulsar una norma que "castiga a los más débiles y retuerce las leyes a favor de los más poderosos". Según ha señalado, el texto abre "una puerta de atrás" a personas jurídicas como bancos y fondos de inversión y pretende equiparar el allanamiento de morada con la usurpación.
La intervención más contundente contra la propuesta ha sido la de la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, quien ha sostenido que está "escrita al dedillo" al servicio de bancos y fondos buitre. En su opinión, si una familia no tiene un lugar donde refugiarse, "hay que darle una patada a una vivienda vacía de un banco y hay que meterse dentro".
En una posición intermedia se han situado PNV y Junts. El diputado del PNV Mikel Legarda considera que la usurpación de viviendas es un problema serio para los propietarios y, en ocasiones, para los vecinos, pero ha advertido de que no puede abordarse ignorando posibles situaciones de vulnerabilidad ni recurriendo a acusaciones "disparatadas". También ha rechazado otorgar a poderes públicos distintos del judicial la capacidad de recuperar la posesión, salvo en casos de delito flagrante.
Desde Junts, Marta Madrenas ha asegurado que su partido no negará nunca la realidad que padecen "muchos" ciudadanos, barrios y comunidades de propietarios, ni se sumará al relato que presenta cualquier preocupación sobre las ocupaciones como "una obsesión ideológica". No obstante, ha alertado de que la iniciativa del PP plantea "dudas importantes" y ha reclamado menos "simbolismo penal" y más eficacia para garantizar un desalojo ágil.
La diputada de Coalición Canaria, Cristina Valido, ha admitido igualmente que la ocupación ilegal es un problema real y que "no se puede mirar a otro lado", pero ha pedido afrontarlo "sin un debate ideológico que los ciudadanos no necesitan" y "sin mezclarlo con la morosidad ni con las familias vulnerables".
CAMBIOS RELEVANTES EN EL ÁMBITO PENAL
La proposición de ley del PP no solo persigue acelerar los desalojos, impedir el empadronamiento de okupas y permitir cortarles los suministros. También pretende diferenciar con claridad el concepto de morada de las situaciones de ocupación ilegal, para que el usurpador no disponga de esa protección frente a la actuación de la autoridad pública o de sus agentes.
En el terreno penal, la iniciativa modifica la Ley de Enjuiciamiento Criminal para que, una vez iniciado un procedimiento por ocupación ilegal, el juez pueda ordenar a la Policía Judicial que requiera a los ocupantes a abandonar voluntariamente la vivienda en un plazo máximo de 24 horas o a presentar un título jurídico legítimo. Si no lo hacen, el juez acordará el desalojo inmediato, avisando a los servicios sociales cuando haya menores o personas vulnerables implicadas.
El texto contempla además penas de prisión de uno a tres años para los casos de ocupación con violencia o intimidación y castigos agravados cuando la ocupación se prolongue más de quince días o participen grupos organizados.
La norma amplía igualmente las herramientas de actuación para propietarios y comunidades de vecinos. En el ámbito civil, permite que personas físicas o jurídicas propietarias o poseedoras legítimas reclamen la recuperación inmediata de la vivienda cuando hayan sido privadas de ella sin su consentimiento.