El PP ha presentado en el Congreso una proposición no de ley con la que pretende que el Gobierno elabore "urgentemente" un plan integral frente al aumento del uso de armas blancas. El objetivo es frenar su empleo en delitos violentos mediante la revisión y ampliación de los tipos de armas prohibidas, la actualización de las reglas de compra o acceso y la reforma del Código Penal para endurecer las penas ligadas a su utilización.
La propuesta reclama en primer término un plan específico que contenga la escalada en el uso de armas blancas en hechos de extrema violencia. A la vez, insta a revisar y ampliar el catálogo de armas blancas prohibidas incluido en el artículo 4.1.f) del Reglamento de Armas aprobado en 1993.
El texto, al que ha tenido acceso Europa Press, reclama también modernizar y reforzar la normativa sobre adquisición y acceso a armas blancas. Para ello, aboga por elevar las exigencias y controles frente a distribuidores irregulares, mejorar los sistemas de identificación de compradores y fijar reglas más estrictas para intervenir en plataformas online donde hoy es posible adquirirlas sin verificación de edad ni trazabilidad.
Sanciones y cambios en la Ley de Seguridad Ciudadana
La iniciativa del PP plantea reformar los artículos 33, 35, 36, 37 y 39 de la Ley de Seguridad Ciudadana para considerar como faltas muy graves determinadas conductas de porte, exhibición o uso de armas prohibidas o manejadas de forma negligente, temeraria o intimidatoria. También propone introducir una escala de sanciones que aumente en función de la reincidencia en infracciones graves por tenencia y exhibición de armas blancas.
En el plano procesal, el grupo popular sugiere modificar los artículos 492 y 495 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (Lecrim) con el fin de fijar normas "más claras y estrictas" para la detención de quienes exhiban armas blancas con finalidad intimidatoria.
En materia penal, el PP propone retocar el artículo 148.4 del Código Penal para incorporar la pena de privación del derecho a la tenencia y porte de armas en la conducta recogida en dicho precepto. Además, plantea elevar en el artículo 563 la pena de prisión por tenencia de armas prohibidas, pasando de la franja actual de uno a tres años a otra de dos a cinco años, y que la reiteración en infracciones graves o muy graves, así como el incumplimiento de sanciones, pueda ser determinante de responsabilidad penal.
La proposición incluye igualmente una revisión de la Ley Orgánica 5/2000 sobre responsabilidad penal de los menores, con la intención de ajustar los artículos relativos a las medidas aplicables a menores infractores que usen armas blancas y a las medidas cautelares asociadas.
Datos sobre el auge de las armas blancas
En la exposición de motivos, el Grupo Popular sostiene que desde la pandemia los incidentes y agresiones con arma blanca han aumentado "exponencialmente" en toda España. Señala que antes una amenaza "solía hacerse de forma verbal y ahora en el 41% de los casos se usa un arma blanca".
El documento destaca que en 2024 se registró el máximo histórico de sanciones administrativas en la Comunidad de Madrid por portar armas blancas, con 4.251 multas, lo que supone un 60,8% más que en 2017. Añade que, a escala estatal, las agresiones con arma blanca crecieron un 35% en cuatro años.
La PNL incorpora también cifras sobre el incremento de decomisos y denuncias administrativas en Cataluña, así como el aumento de delitos graves y menos graves de lesiones y riñas tumultuarias en la Comunidad de Madrid y en la capital. Igualmente, alude a la necesidad de aclarar la aplicación del artículo 495 de la Lecrim tras su reforma en 2024.
El PP menciona además instrucciones del Ministerio del Interior y concluye que, pese a la existencia de protocolos, la normativa vigente "no es suficiente o no es clara".
Finalmente, la iniciativa se remite a la memoria de la Fiscalía General del Estado de 2025, que indica que en 2024 el método más utilizado en el mecanismo feminicida fueron las armas blancas en 17 ocasiones, un 34%. A juicio del PP, resulta "urgente atajar este desafío con la máxima contundencia" por el impacto que tiene sobre la vida y la integridad física tanto de los agentes de policía como de la ciudadanía.