El PP pone en marcha el trámite para llevar a Sánchez al Constitucional por plantarse en un Pleno del Senado

El PP aprovecha su mayoría en el Senado para activar un conflicto de atribuciones por las ausencias de Sánchez que podría acabar en el Constitucional.

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El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, interviene durante una sesión de control al Gobierno en el Senado, a 21 de diciembre de 2022, en Madrid (España).  Jesús Hellín - Europa Press

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, interviene durante una sesión de control al Gobierno en el Senado, a 21 de diciembre de 2022, en Madrid (España). Jesús Hellín - Europa Press

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El PP tiene previsto aprobar este miércoles en el Pleno del Senado un nuevo pulso institucional con el Gobierno a raíz de la ausencia del jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, en varias sesiones de la Cámara Alta, dando así inicio al procedimiento para que este conflicto de atribuciones pueda terminar en el Tribunal Constitucional.

Los 'populares' reprochan que Sánchez no asistiera al Pleno extraordinario celebrado hace dos semanas en el Senado, pese a que estaba convocado para informar sobre el accidente ferroviario en Adamuz (Córdoba). De hecho, el presidente del Senado, Pedro Rollán, remitió una carta al jefe del Ejecutivo en la que le advertía de “consecuencias jurídicas” si decidía no acudir.

Meses atrás, el PP impulsó una reforma del Reglamento del Senado con el fin de obligar al presidente del Gobierno a comparecer ante la Cámara Alta al menos una vez al mes. Sin embargo, si se mantiene la situación actual, Sánchez alcanzará en marzo de 2026 dos años sin someterse al control del Senado.

En este contexto, los 'populares' han registrado un nuevo conflicto de atribuciones —un nuevo episodio en la serie de choques institucionales promovidos por el PP en el Senado—, esta vez centrado en las reiteradas ausencias de Pedro Sánchez en la Cámara Alta.

Conforme al procedimiento previsto, el PP utilizará su mayoría absoluta en el Senado para sacar adelante este conflicto con el Gobierno en el Pleno del miércoles. Así, la Cámara Alta lo hará suyo formalmente y lo enviará al Ejecutivo.

Una vez recibido el planteamiento del conflicto de atribuciones, el Gobierno dispone de un plazo de un mes para responder, aunque también puede optar por no contestar y dar el asunto por por concluido. Si se produce una negativa o no hay respuesta, el Senado deberá decidir si eleva finalmente el caso al Tribunal Constitucional o si opta por no continuar con el trámite.