Los ayuntamientos gobernados por el Partido Popular han reclamado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que impulse de manera "urgente" una reforma del sistema de financiación local. Defienden que este cambio se tramite de forma paralela al nuevo modelo de financiación autonómica, al considerar que la situación económica de muchos municipios españoles es cada vez más delicada.
"No aceptaremos que los ayuntamientos sigan siendo la administración olvidada", subrayan los alcaldes del PP, que en las últimas semanas han mantenido diversas reuniones internas para fijar una posición común sobre este asunto.
Los populares responsabilizan a Sánchez de haber transformado la gestión diaria de los consistorios en una "carrera de obstáculos", al imponer nuevas obligaciones sin respaldo económico suficiente, impedir el uso de los remanentes municipales y aplazar la convocatoria de la Comisión Nacional de Administración Local. "Desde 2023, España no cuenta con Presupuestos Generales actualizados, lo que impide a las entidades locales conocer los parámetros básicos para elaborar sus cuentas", recuerdan.
Asimismo, critican al Ejecutivo por obligar a los ayuntamientos a trasladar íntegramente el "tasazo" de basura a los contribuyentes. "Esta decisión es injusta para los vecinos y ha vulnerado la autonomía fiscal de los ayuntamientos", insisten desde el partido.
El PP reclama una verdadera autonomía fiscal para las corporaciones locales y, en esa línea, plantea una reforma legislativa que permita suprimir la obligatoriedad de la tasa de basuras. "Reclamaremos una reforma que devuelva a los ayuntamientos la potestad de financiar el servicio de recogida y tratamiento de residuos, según su propio criterio y situación económica, sin castigar a los vecinos con nuevas cargas impuestas desde Moncloa".
En este contexto, los consistorios gobernados por el Partido Popular se decantan por mantener una "presión fiscal baja" como herramienta para favorecer el crecimiento económico, la creación de empleo y el sostenimiento de unos servicios públicos de calidad. También reivindican poder emplear los remanentes municipales para financiar proyectos de inversión productiva y sostenible, así como para impulsar iniciativas de construcción y promoción de vivienda.