España conmemora este sábado, 9 de mayo, el Día de Europa con 101 directivas comunitarias aún pendientes de incorporarse al ordenamiento jurídico interno. De ellas, 51 siguen dentro del plazo fijado por Bruselas y otras 50 ya han rebasado la fecha límite, según datos de noviembre de 2025 del Ministerio de Asuntos Exteriores incluidos en el informe anual de la Oficina del Parlamento Europeo en España.
El documento detalla igualmente que España mantiene sin tramitar 52 propuestas legislativas procedentes de las instituciones de la UE y suma 92 procedimientos de infracción susceptibles de sanción, en su mayoría vinculados a retrasos en la transposición de normativa europea.
En este escenario, la Comisión Europea remitió el pasado 27 de marzo cartas de emplazamiento a España por no haber comunicado la incorporación de tres directivas cuyo plazo ya había concluido: la directiva ómnibus sobre el punto de acceso único europeo, la sexta Directiva sobre requisitos de capital y la directiva sobre pruebas electrónicas en procesos penales.
La primera persigue concentrar en un único punto la información pública de las empresas para facilitar el acceso de los inversores, con especial atención a las pymes que operan en los mercados de capitales de menor tamaño. La segunda pretende reforzar la supervisión del sistema bancario, unificar las reglas aplicables a las sucursales de países terceros e integrar los riesgos ambientales, sociales y de gobernanza en los marcos prudenciales.
La tercera directiva habilita a las autoridades de la Unión Europea a recabar pruebas electrónicas de proveedores de servicios, incluidos aquellos radicados fuera del territorio comunitario, mediante representantes legales designados a tal efecto.
España dispone de un plazo de dos meses para contestar a Bruselas y culminar la transposición antes de que la Comisión pueda avanzar a la siguiente etapa del procedimiento de infracción, que sería la emisión de un dictamen motivado.
El nuevo ministro de Hacienda, Arcadi España, ha asegurado que están trabajando en varias transposiciones atendiendo a las directrices de los servicios jurídicos del Ministerio de Hacienda. En concreto, se refirió a una enmienda del PSOE en el Congreso a un proyecto de ley para transponer una directivas sobre criptoactivos que permitiría trasladar al derecho nacional la del IVA franquiciado, que últimamente ha reclamado Junts al Gobierno para apoyarle en otras iniciativas.
El peso de la legislación europea en las leyes de 2025
El último informe anual del Parlamento Europeo en España recoge que el 45% de las leyes aprobadas por las Cortes Generales en 2025 tuvieron origen europeo, es decir, transpusieron directivas, se adaptaron a reglamentos europeos o siguieron la línea legal marcada desde la Unión Europea. En total, Congreso y Senado aprobaron 29 leyes el pasado año, de las que 13 regularon aspectos marcados por las instituciones comunitarias.
De esas 13 normas, cinco transpusieron directivas europeas al ordenamiento jurídico español o se adaptaron a reglamentos comunitarios. Entre ellas figuran la ley sobre seguros de automóviles, la de seguridad aérea, el real decreto-ley sobre conciliación, la ley orgánica de eficiencia de la Justicia para proteger los intereses colectivos de los consumidores y la modificación del convenio con Navarra, que incluye el impuesto mínimo global del 15% para grandes grupos multinacionales.
Además, el Consejo de Ministros aprobó en 2025 un total de 48 reales decretos con origen europeo, normas infralegales que no requieren tramitación parlamentaria y que pueden transponer directivas o desarrollar aspectos incluidos en reglamentos europeos. Entre ellas figuran la actualización del Fondo de Carbono para una Economía Sostenible, la adaptación de la normativa española de calidad alimentaria para productos de desayuno, la revisión de la vida útil de los neumáticos y las nuevas regulaciones sobre el Documento Nacional de Identidad.
Cuatro décadas de integración normativa con la UE
El Diario Oficial de la Unión Europea publicó en 2025 un total de 19 nuevas directivas que deberán transponerse en España y 48 reglamentos de aplicación directa en los Estados miembros, unas cifras que, según el informe, se reducen a la mitad respecto a 2024.
Coincidiendo con el 40 aniversario de la adhesión de España a la entonces Comunidad Económica Europea, el informe recuerda que el ordenamiento español ha integrado 6.747 normas europeas desde 1986, mediante distintos instrumentos legales, desde leyes orgánicas hasta reales decretos u órdenes ministeriales.
Entre las normas europeas incorporadas durante estas cuatro décadas figuran las que permiten vivir, desplazarse, trabajar o estudiar en otro país de la UE; las que regulan los derechos de los pasajeros aéreos; las que pusieron fin al “roaming”; las de protección de datos; las relativas a igualdad; las que prohíben los plásticos de un solo uso; la Ley de Servicios Digitales; y la Ley de Inteligencia Artificial.