QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
La representante del Gobierno, Pilar Alegría, ha clarificado ante la Comisión Europea, la cual expresó dudas el martes sobre si la Ley de Amnistía servía al interés general, que ambas entidades concuerdan en que esta legislación no compromete los intereses financieros de la UE ni infringe la directiva contra el terrorismo.
Esta aclaración se dio durante la conferencia de prensa posterior al Consejo de Ministros, siguiendo los comentarios de un abogado de la Comisión en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), quien argumentó que la amnistía es parte de un pacto político que facilitó la investidura de Pedro Sánchez y que su tramitación urgente profundizó las divisiones en la política, las instituciones y la sociedad españolas.
Aunque el letrado de la Comisión sostuvo que la amnistía «no permite o dificulta» determinar si el procés afectó los intereses financieros de la UE, Alegría reafirmó la postura conjunta de la Comisión y el Gobierno de que «no afecta» dichos intereses.
En este contexto, también defendió que la Comisión de Venecia y el Tribunal Constitucional ven la amnistía como un medio para alcanzar un «fin legítimo». Alegría reiteró esta posición en una segunda intervención, enfatizando que la Comisión Europea está en línea con el Gobierno español en dos aspectos esenciales: «no se vieron afectados los intereses financieros de la UE y la amnistía no contraviene la directiva contra el terrorismo».
ACUERDO PARA LA INVESTIDURA DE SÁNCHEZ
El abogado de la Comisión, Carlos Urraca Caviedes, expuso su visión durante la sesión en el TJUE en Luxemburgo, señalando que la ley parece más un componente de un acuerdo político que una medida de interés general y criticó la falta de diálogo significativo recomendado por la Comisión de Venecia para alcanzar la reconciliación.
La sesión tocó la cuestión prejudicial del Tribunal de Cuentas, que debe decidir sobre la responsabilidad financiera de Carles Puigdemont y otros por el uso de fondos públicos en el referéndum del 1 de octubre de 2017 y en la promoción internacional del ‘procés’. Bruselas ha sugerido que ciertas cláusulas de la ley podrían impedir al Tribunal de Cuentas asegurar el respeto al derecho de la Unión y verificar si los intereses financieros de la UE se han visto comprometidos.
Por otro lado, los servicios legales del Gobierno descartan un «vínculo suficiente» entre las ilegalidades amnistiadas y una posible afectación de los intereses financieros, argumentando que una hipotética secesión podría reducir la renta nacional bruta de España, afectando su contribución al presupuesto de la Unión.
