El Gobierno veta en el Congreso la propuesta de Podemos para que la SEPI tome el control de Repsol
El Gobierno ha presentado un escrito de disconformidad en el Congreso de los Diputados para impedir la tramitación de una proposición de ley de Podemos que planteaba que el Estado, a través de la SEPI, adquiriese hasta el 51% del accionariado de Repsol.
El Ejecutivo justifica el veto en el elevado coste de la operación, que cifra en 8.960,7 millones de euros para las arcas públicas.
Recuperar el control público del sector energético
La iniciativa de la formación morada proponía una entrada progresiva del sector público en la compañía energética. En una primera fase, la SEPI debía adquirir un 25% de las acciones para convertirse en el principal accionista y, posteriormente, antes del 29 de octubre de 2026, ampliar su participación hasta alcanzar el 51% del capital.
Podemos defendía la propuesta como una vía para recuperar el control público del sector energético y planteaba financiar la operación con los recursos previstos por el Gobierno para el aumento del gasto en defensa.
En su escrito, el Ejecutivo recuerda que la Constitución le otorga la potestad de manifestar su disconformidad con aquellas proposiciones de ley que impliquen una disminución de ingresos o un aumento del gasto público. En este caso, el Gobierno se acoge al artículo 134.6 de la Carta Magna para vetar la iniciativa.
8.960 millones de euros
Según los cálculos incluidos en el documento, la capitalización bursátil de Repsol a 21 de noviembre de 2025 ascendía a 17.570 millones de euros. Sobre esa base, la compra inicial del 25% tendría un coste estimado de 4.392,5 millones de euros, mientras que la adquisición del 26% restante supondría otros 4.568,2 millones, hasta alcanzar un desembolso total de 8.960,7 millones.
El escrito de disconformidad señala que ese gasto afectaría directamente a la partida presupuestaria destinada a las aportaciones patrimoniales a la SEPI, motivo por el que el Gobierno rechaza dar su conformidad a la tramitación parlamentaria de la proposición de ley.