La defensa del ex secretario general del PP de Madrid, Francisco Granados, ha asegurado ante la Audiencia Nacional (AN) que no tuvo “ningún tipo de participación” en las supuestas irregularidades vinculadas a los contratos para organizar las fiestas patronales en los municipios madrileños de Móstoles, Moraleja de Enmedio, Algete, Valdemoro y Ciempozuelos, investigadas en la pieza “Waiter Music” del “caso Púnica”.
Así lo ha expuesto este lunes su abogado en la sesión inaugural del juicio en el que la AN sienta en el banquillo a Granados, al exsenador del PP David Erguido y a otras 13 personas.
El letrado Javier Vasallo ha reiterado que su cliente no tuvo “ningún tipo de participación, mediación, intermediación o cualquier tipo de resultado por acción u omisión” en las decisiones adoptadas en los ayuntamientos mencionados.
Con ese argumento, Vasallo ha planteado que la AN carece de competencia para enjuiciar estos hechos y ha defendido que “se debe de remitir la pieza en su totalidad a los juzgados que territorialmente se consideraban competentes”, señalando en concreto a la Audiencia Provincial de Madrid.
Al mismo tiempo, ha reprochado al entonces juez instructor, Manuel García Castellón, haber trasladado “la patata caliente” a la sección que ahora celebra la vista oral, “diciendo que no ha tenido ningún tipo de participación”.
“Pero la diferencia está en algo completamente voluntarista y completamente subjetivo del instructor, que dice que la diferencia es que los ayuntamientos de Móstoles, Moraleja del Medio y Algete han finalizado el estudio, y en Chinchón y San Sebastián de los Reyes todavía no ha empezado la instrucción”, ha añadido el abogado.
En relación con Valdemoro —donde Granados fue alcalde— y Ciempozuelos, la defensa sostiene que “lo único” de lo que “parecer ser que se le acusa” es “de ser amigo de un concejal, que era el que celebraba los festejos desde el año 1999 al año 2003”, el también acusado José Miguel Moreno.
Además, el letrado ha subrayado que “todos los eventos” analizados en esta pieza “transcurren en el plazo de prescripción”, puesto que “la primera imputación formal se realiza después de 17 años de abandonado el Ayuntamiento de Valdemoro como alcalde”.
“Desde el momento que se produce el abandono de la alcaldía hasta que se produce la transformación y notificación del auto de transformación en el año 2021, pasan sobradamente los 10 años de prescripción y entendemos que, por tanto, todos los hechos que van a ser objeto de juiciamiento están completamente prescritos”, ha concluido el abogado.
Para los procesados, entre los que figuran exalcaldes de distintos municipios de la Comunidad de Madrid y diversos responsables administrativos de esos consistorios, la Fiscalía reclama penas de entre dos y seis años de prisión por presuntos delitos de prevaricación administrativa, fraude en la contratación, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos y falsedad en documento mercantil.
Contratos presuntamente predeterminados para Waiter Music
En el auto de procesamiento, al que tuvo acceso Europa Press, García Castellón describía un patrón de supuesta adjudicación irregular de contratos públicos a Waiter Music y a otras empresas de José Luis Huerta para organizar verbenas y fiestas patronales en cinco ayuntamientos de la Comunidad de Madrid: Valdemoro, Algete, Ciempozuelos, Moraleja de Enmedio y Móstoles.
De acuerdo con ese relato, en numerosos expedientes administrativos, cuando existían, los pliegos estaban orientados de antemano para que el adjudicatario fuese Waiter Music o sociedades controladas directa o indirectamente por Huerta.
De este modo, se contaba con una compañía que, por un lado, se encargaba de los festejos “de conformidad” y, por otro, “proporcionaba unos servicios extras a requerimiento de los políticos, bien en extras decididos al momento de las fiestas, bien prestando servicios privados para actos del PP municipal, bien para alguno de sus miembros que no eran nunca facturados”, según recogía el juez.
Adjudicaciones por más de un millón de euros
Según los indicios reflejados en la resolución, Huerta —fallecido en 2020—, aprovechando su experiencia y la relación que ya mantenía con varios municipios durante la etapa de Granados como alcalde de Valdemoro, consiguió en 2003 la adjudicación de los festejos en distintos ayuntamientos por importes que superaron el millón de euros.
En concreto, el instructor detallaba las adjudicaciones de 2003 en Valdemoro (por 773.186,88 euros), Móstoles (por 262.000,00 euros), San Martín de la Vega (135.349,96 euros), Torrejón de Velasco (por 100.172,96 euros), Moraleja de Enmedio (104.565,12 euros), Humanes de Madrid (87.491,47 euros) y, con menor cuantía, Arroyomolinos, Villanueva de la Cañada y Titulcia (7.948,32 euros, 17.527,60 euros, 17.469,88 euros y 17.527,60 euros, respectivamente). El juez añadía que Huerta logró seguir contratando con estos consistorios de forma continuada y con cifras similares en algunos casos hasta 2013.
Fuera del ámbito de esos ayuntamientos, el empresario también obtuvo ingresos de compañías constructoras —FCC, Acciona, Ferrovial, Dragados, Sacyr y OHL— y de Metro de Madrid, por un total de 571.311,61 euros, de los que 198.940,00 correspondían a Metro de Madrid, S.A.