Este miércoles, el Pleno del Senado se prepara para dar luz verde a un nuevo enfrentamiento institucional, promovido por el PP, debido al ‘veto’ del Gobierno de Sánchez a ciertas modificaciones en la Ley de Movilidad Sostenible. Este conflicto podría llegar hasta el Tribunal Constitucional.
Este nuevo choque forma parte del orden del día del Senado y surge como consecuencia de la mencionada ley, marcando otro punto de tensión entre el Senado y el Congreso, que se suma a otros desacuerdos previos como los de la Ley de Amnistía y los Presupuestos Generales del Estado.
Gracias a su mayoría absoluta, el PP utilizará su posición en el Senado para avanzar con este desafío que, de no ser atendido o ser rechazado por el Congreso y el Gobierno, podría ser elevado al Tribunal Constitucional.
El desencadenante de este conflicto fueron las enmiendas 118 y 148, que proponen cambios significativos en la Ley de Movilidad Sostenible, como la creación de un artículo 61 bis y una disposición transitoria undécima, ambas objetadas por el Gobierno por implicar ajustes presupuestarios.
Entre otras cosas, estas enmiendas buscan establecer partidas anuales en los Presupuestos Generales del Estado para impulsar la movilidad sostenible, excluyendo las áreas urbanas e interurbanas, además de fomentar la renovación de flotas para la descarbonización del transporte mediante diversas ayudas financieras.
Además, se establece que, si la aplicación de la ley impone nuevas obligaciones a contratistas de obras públicas, se deberán compensar los costes adicionales que esto genere.










