QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
El Ministerio del Interior ha reiterado su voluntad de seguir negociando con la Xunta de Galicia para que asuma el 50% del coste de la Unidad Adscrita de Policía, después de que el Gobierno gallego reclamara en los últimos días una solución intermedia y advirtiera de que, si no se alcanza un pacto, se plantea retirar a estos efectivos de las funciones de protección a víctimas de violencia machista.
“La disposición del Ministerio del Interior es total, tanto con Galicia como con el resto de comunidades autónomas que disponen de unidades adscritas”, han indicado a Europa Press fuentes del departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska, subrayando que la oferta de diálogo sigue abierta.
Interior recuerda que esta actitud ya se plasmó en el acuerdo alcanzado el pasado mes de febrero con la Junta de Andalucía para la Policía Adscrita, comunidad también gobernada por el PP, que aceptó las condiciones fijadas por el Ministerio.
“Los acuerdos deben contemplar, como así lo dispone la ley, el compromiso para hacerse cargo de la financiación del 50% de las retribuciones de las unidades adscritas”, han subrayado desde el Ministerio del Interior, que confía igualmente en cerrar un convenio similar con el Ejecutivo de Aragón.
En el convenio suscrito con Andalucía, la Junta se obligó a sufragar el 50% de las retribuciones del personal y a asumir los gastos de inversión y de mantenimiento de las dependencias, además de los medios técnicos y la contratación de servicios necesarios para el funcionamiento ordinario de la unidad adscrita.
SITUACIÓN DIFERENTE EN GALICIA
El conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, Diego Calvo, ha defendido estos días que Galicia “está en una situación distinta al resto de comunidades autónomas”, puesto que “presta servicios que en otras no se están prestando” y que, por este motivo, la fórmula de financiación de la Unidad de Policía Adscrita “podría ser de otra manera”.
La Xunta sostiene que la protección en casos de violencia machista es una competencia exclusivamente estatal, aunque desde 2016 existe un acuerdo específico para que Galicia colabore en estas tareas, lo que, a su juicio, justificaría un tratamiento diferenciado en el reparto de costes.
“La postura de la Xunta vela por los intereses de las víctimas, de los gallegos”, se defendió Calvo tras las críticas vertidas por los partidos de la oposición y también desde el Gobierno central, entre ellas las de la ministra de Igualdad, Ana Redondo, por haber deslizado que se podrían plantear dejar de prestar atención a las mujeres víctimas de violencia machista.
El conselleiro de Presidencia ha reiterado que el Ejecutivo autonómico mantiene su disposición a cerrar un pacto entre la “posición defendida por Galicia y la defendida por el Ministerio” con el fin de alcanzar un “punto intermedio”.
ASUMIR SÓLO LAS NUEVAS PLAZAS
La Unidad de Policía Adscrita de Galicia dispone en la actualidad de 338 agentes, aunque el objetivo es cubrir las vacantes y completar una plantilla de 500 efectivos. Hoy por hoy, el Estado abona los salarios mientras que la Comunidad gallega asume la productividad de los policías y el resto de gastos de funcionamiento de la unidad.
La propuesta del Gobierno central pasa ahora por que la Xunta financie el 50% de las nóminas, manteniendo a su cargo los costes de funcionamiento. El Ejecutivo gallego, en cambio, plantea conservar el modelo actual para los agentes que ya están en servicio y que el nuevo esquema de reparto de nóminas se aplique únicamente a las plazas que se vayan incorporando, de acuerdo con las condiciones marcadas por el Ministerio.
Las Policías Adscritas dependen orgánicamente de la Dirección General de la Policía, mientras que funcionalmente lo hacen de las consejerías de Interior de las comunidades autónomas, conforme a los convenios firmados para asumir cometidos como la seguridad de autoridades e instalaciones, la vigilancia de menores o la protección del medio ambiente y del patrimonio.
