QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
Antonio Maíllo, líder autonómico de IU, ha instado a la creación de un renovado sistema de financiación autonómica, aunque sospecha que, dada la coyuntura política actual, lograr un consenso es ‘casi imposible’, anticipando que tanto PP como Vox intentarán ‘boicotearlo’, lo que resultará en un ‘drama’ para regiones como Murcia, Comunidad Valenciana y Andalucía, que se verían privadas de una mejora significativa en sus recursos.
Durante un debate, Maíllo enfatizó que cualquier negociación del nuevo sistema debe incluir una ‘condicionalidad fiscal’ para eliminar el ‘dumping fiscal’. A su vez, destacó que IU no participará en un sistema que fomente discrepancias entre ciudadanos basadas en su ubicación geográfica.
En diálogo con Europa Press, Maíllo afirmó que IU mantiene una postura ‘muy clara’ sobre la financiación, que debe ser ‘federal’, ‘multilateral’ y centrarse en financiar los servicios públicos y no los territorios. Subrayó que, aunque la financiación especial para Cataluña, discutida en comisiones bilaterales y reconocida en el Estatuto, causa escándalo, cualquier reforma debería resultar en un acuerdo inclusivo sin discriminación en la prestación de servicios. ‘IU lo tiene clarísimo, el fondo de nivelación tiene que garantizarlo’, declaró.
Respecto a la posibilidad de un ‘cupo catalán’, Maíllo indicó que no ha visto ningún documento que proponga ‘un régimen diferente al régimen general’ para Cataluña. ‘Como no lo hay, podemos hablar de lo que vamos a defender, que es un sistema en clave federal (…) con mayor descentralización y con un fondo de nivelación que garantice los servicios y que los derechos sean iguales en todos lados. Nosotros no vamos a participar de sistemas que sean diferenciadores y cuya traducción sea que en función de donde uno viva tenga diferente recepción de servicio’, aseguró.
Finalmente, Maíllo expresó su preocupación por que el actual ambiente político dificulte un acuerdo para reformar el sistema de financiación, pero instó a intentarlo, ya que los líderes regionales deben justificar a sus ciudadanos la aceptación o rechazo de un modelo que potencialmente podría beneficiarles. ‘El debate tiene que abordarse, pero si se me pregunta si pienso que va a haber acuerdo, sinceramente pienso que no’, concluyó.
