IU ha lanzado una propuesta de reforma fiscal progresiva que aspira a aumentar los ingresos del Estado en 111.000 millones de euros, enfocándose en el combate al fraude fiscal y en una mayor carga impositiva para grandes fortunas y corporaciones.
La iniciativa busca que estos nuevos ingresos tributarios se inviertan en el fortalecimiento de los servicios públicos y en mejoras sociales y habitacionales, complementando así los futuros Presupuestos Generales del Estado previstos para 2026.
Presentada por Antonio Maíllo, coordinador federal de IU, y Carlos Sánchez Mato, dirigente del partido, la propuesta pretende elevar la recaudación fiscal en un 7% del PIB y propone un aumento del límite de gasto en un 32% para el próximo año, lo que representaría 62.000 millones de euros adicionales.
Se estima que se podrían recaudar 29.354 millones adicionales mediante un plan intensivo contra el fraude fiscal y otros 81,647 millones mediante la reforma de impuestos existentes y la introducción de nuevos tributos centrados en los grandes patrimonios y empresas.
Entre las medidas específicas, se incluye un impuesto estatal a las grandes fortunas con un tipo efectivo del 1,5% a partir de un millón de euros, que generaría 11.415 millones de euros. También se contempla un nuevo impuesto a los depósitos bancarios que elevaría el tipo del 0,03% al 1% a nivel estatal, con el fin de recuperar fondos del rescate bancario de 2008.
Adicionalmente, IU propone eliminar el límite máximo de las cotizaciones a la Seguridad Social, lo que supondría 6.873 millones más, y un IRPF más progresivo. Asimismo, sugiere establecer un tipo mínimo del 20% en el impuesto de sociedades para grandes empresas, lo que recaudaría 22.164 millones. Esta reforma también incluiría la eliminación de beneficios fiscales a ciertas sociedades y la exención del IVA a la educación y sanidad privadas. Se propone además un impuesto a las transacciones financieras, al estilo de la tasa ‘Tobin’, que aportaría 16.607 millones adicionales.
Finalmente, la reforma incluiría impuestos ecológicos que generarían 8.107 millones más, y la reducción del IVA al consumo doméstico de electricidad del 21% al 5%.
Antonio Maíllo ha destacado que estas medidas son esenciales y deberían ser apoyadas por todos los grupos parlamentarios, en un contexto donde un 80% de los españoles, según el CIS, perciben una injusticia fiscal en el sistema actual. Maíllo apela a la ‘audacia política’ del Gobierno para abrir un debate necesario sobre el futuro modelo de país.