QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
José María Ángel, el alto comisionado del Gobierno para la reconstrucción tras la dana, ha declarado que ‘no ha existido ninguna irregularidad’ en su ingreso al servicio público en 1983 y al obtener la plaza de ayudante técnico en 1986.
‘Siempre he cumplido con todos los requisitos exigidos en las distintas convocatorias’, expresó mediante un comunicado, después de que el diario El Mundo informara que la Agencia Valenciana de Antifraude acusa a José María Ángel de ‘falsificar’ un título de diplomado en Archivística y Biblioteconomía en la Universitat de València para entrar en la Adiministración Pública. Junto a su declaración, presentó la instancia de participación en el concurso de 1983, los requisitos de las convocatorias y las actas de sus tomas de posesión.
El alto comisionado ha comunicado que está ‘dispuesto a emprender las acciones administrativas y legales que considere necesarias para que la verdad se abra camino’ y para proteger su ‘nombre, honestidad y honorabilidad tras más de 40 años de servicio público y carrera profesional’.
José María Ángel relató que se unió a la Diputación de Valencia en 1981, trabajando en el Archivo General de la entidad como auxiliar administrativo, hasta que el 18 de abril de 1983, asumió como Auxiliar Técnico de Archivos y Biblioteca en la misma Diputación.
Mencionó que logró esa posición a través de un proceso selectivo donde el principal requisito era tener el título de enseñanza media, bachillerato o su equivalente. Además, se valoraban méritos adicionales como titulaciones complementarias.
‘El documento que presenté para acreditar el cumplimiento de requisito académico fue el Título de Bachiller Superior, expedido por la Universidad de Valencia en 1981. Y como acreditación de los méritos, aporté copia de los títulos de 5 cursos y formaciones complementarias, además del título de valenciano, y acreditación de experiencia previa en la función pública y de colaboraciones en publicaciones’, explicó el comisionado.
Con respecto a su promoción a ayudante técnico de archivos y bibliotecas (grupo A2), Ángel argumentó que el requisito era ‘la superación de las pruebas selectivas y de formación que se establecieran’.
Las bases de la convocatoria para las pruebas selectivas restringidas señalaban que ‘los únicos requisitos eran los relativos a la propiedad de la plaza que estaba ocupando desde 1983, presentar una memoria y superar un examen escrito’. ‘Un proceso que superé satisfactoriamente y que concluyó con mi nombramiento y toma de posesión el 11 abril de 1986’, añadió.
En cuanto a Antifraude, Ángel subrayó que ‘resulta del todo sorprendente el haber tenido conocimiento de la existencia de una supuesta investigación y expediente de la Agencia Antifraude a través de un medio de comunicación, sin haber recibido ninguna notificación formal o informal ni mucho menos habérseme requerido, en el que entiendo sería preceptivo, trámite de audiencia en el curso de una investigación, cercenando de forma irreparable el principio de contradicción, mi derecho de defensa y por supuesto mi honorabilidad, la cual se ha querido poner en entredicho atendiendo únicamente a criterios de oportunidad política y obviando toda veracidad’.
Finalmente, agregó: ‘Creo que es nuestro deber condenar esta utilización política de instituciones como la Agencia Antifraude para dañar la reputación y el buen nombre de personas que, como en mi caso, llevamos más de 40 años de servicio público’.
