La portavoz de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras, ha vuelto a reclamar al Gobierno que separe en distintos decretos el paquete del llamado 'escudo social' y que deje fuera la moratoria antidesahucios, con el fin de poder respaldar el resto de disposiciones incluidas en el texto.
Durante una entrevista este viernes en “El programa de Ana Rosa” de “Telecinco”, recogida por Europa Press, ha avisado al Ejecutivo de que “no es un buena mensaje para la gente” señalarles como “la derecha o la ultraderecha” por “no estar al 100% de acuerdo” con todas las propuestas.
Nogueras ha responsabilizado al Gobierno de que las medidas aún no hayan visto la luz en el Boletín Oficial del Estado (BOE) porque, a su juicio, “no le ha dado la gana o tiene otros intereses más allá de ayudar a la gente”. En esta línea, ha reiterado su petición de que sea el Estado quien asuma los impagos de alquiler de los inquilinos vulnerables.
La dirigente de la formación que encabeza Carles Puigdemont ha recordado que “podrán ocupar todas las poltronas pero no van a poder gobernar”, citando las palabras del expresident en octubre de 2025. Ha insistido en que “las medidas sociales por un lado y se aprueban sin problema, pero en el tema de las ocupaciones y de los impagos no hay consenso”.
Críticas a la intervención de precios del Ministerio de Consumo
La portavoz de Junts ha cargado además contra la iniciativa del Ministerio de Consumo que plantea limitar los precios de determinados servicios en situaciones de emergencia, como ocurrió tras el accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba), cuando se dispararon las tarifas de alquiler de vehículos y de billetes de avión.
Según ha explicado, la segunda medida rechazada este jueves por el Congreso, con los votos también del Partido Popular y Vox, es “una salvajada” propia de “un Estado como el venezolano” o de Donald Trump, presidente de los Estados Unidos. La líder independentista considera que supone una “carta blanca al Gobierno español para poder intervenir los precios de todos los servicios y todos los bienes” y sostiene que una decisión de este calado “debe pasar por el Parlamento”.