QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
Este viernes, Junts ha presentado en el Congreso de los Diputados una serie de interrogantes por escrito dirigidas al Gobierno, exigiendo detalles acerca de la concesión a Huawei, una firma china, de un contrato para el almacenamiento de información policial y judicial de carácter delicado.
De acuerdo con reportajes difundidos en varios medios, la sucursal española de Huawei habría obtenido un contrato por un monto de 12,3 millones de euros para operar los servidores del sistema SITEL, que se encarga de las escuchas de la Policía Nacional y la Guardia Civil.
SUJETO AL CONTROL DEL GOBIERNO CHINO
El congresista de Junts, Josep Pagès, ha advertido que la decisión del Ministerio del Interior es «especialmente grave» si se confirma que el sistema adjudicado, OceanStor 6800 V5, está sujeto a la legislación china, que obliga a las empresas del país a colaborar con las autoridades y a entregar información sensible cuando se les solicita.
En este marco, el parlamentario también ha recordado una pregunta previamente planteada sobre los vínculos del empresario Víctor de Aldama, implicado en el ‘fraude de los hidrocarburos’, con la Guardia Civil. Específicamente, su supuesta colaboración con la Unidad Central Especial 2 del Servicio de Información de la Benemérita para adquirir datos mediante informantes de esta empresa china y otras, por lo cual el empresario habría sido condecorado.
Pagès ha solicitado que el Gobierno confirme si el contrato ha sido adjudicado, si existen otros similares con la misma empresa china, si la decisión se alinea con las recomendaciones de la Unión Europea sobre proveedores de alto riesgo, cómo se justifica otorgar a Huawei un papel central en la custodia de grabaciones delicadas considerando las restricciones existentes, y cuál ha sido el papel de Aldama en todo esto.
CRÍTICAS DE PP Y VOX
Rafael Hernando, portavoz adjunto del Grupo Popular en el Congreso, ha exigido al Gobierno que cancele de inmediato esta adjudicación, calificándola de «disparate» y que se enmarca en los procesos usuales gestionados por la Dirección General de Racionalización y Centralización de la Contratación.
«El asunto es muy grave. No es solo de Estados Unidos. También el Parlamento Europeo recomienda restricciones frente a Huawei», ha expresado en ‘X’. Asimismo, ha criticado que el Gobierno justificó gastar 2.300 millones de euros en Telefónica por motivos de Seguridad Nacional, pero ahora transfiere el almacenamiento de las escuchas policiales a una empresa supervisada por el Gobierno chino con una inversión de 12,3 millones de euros, describiendo la operación como un «negocio sospechoso y negligente».
Carlos Flores Juberías, diputado de Vox, también ha participado en la controversia a través de ‘X’, destacando las precauciones de Estados Unidos frente a la «creciente conexión entre el Gobierno Sánchez y la empresa china Huawei» y ha concluido que «España está dejando de ser un socio confiable de los Estados Unidos», lo que «dañará gravemente nuestra seguridad».
