QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
Este viernes, Junts ha presentado en el Congreso de los Diputados una serie de interrogantes por escrito al Gobierno respecto a la concesión a Huawei de un contrato para la gestión de datos policiales y judiciales de carácter sensible.
De acuerdo con reportes de diferentes medios, la sucursal española de la firma china habría obtenido un contrato por un valor de 12,3 millones de euros para operar los servidores del sistema SITEL, que es responsable de almacenar las interceptaciones telefónicas de la Policía Nacional y la Guardia Civil.
SUJETO AL CONTROL DEL GOBIERNO CHINO
El diputado de Junts en el Congreso, Josep Pagès, ha advertido que la decisión del Ministerio del Interior es «especialmente grave» si se confirma que el sistema adjudicado, OceanStor 6800 V5, puede estar sujeto a la legislación china, que obliga a las empresas del país a colaborar con las autoridades y a ceder información sensible si se les requiere.
En este contexto, el parlamentario independentista también recupera otra pregunta formulada recientemente sobre la relación del empresario Víctor de Aldama, imputado por el llamado ‘fraude de los hidrocarburos’, con la Guardia Civil.
Lo hace incidiendo en su supuesta colaboración con la Unidad Central Especial 2 del Servicio de Información de la Benemérita para obtener información mediante confidentes de esta compañía china y de otras, actividades por las que el empresario habría sido condecorado.
Finalmente, Pagès exige al Gobierno que confirme la concesión de este contrato, si existen otros similares con la misma empresa china, si la decisión es compatible con las recomendaciones de la Unión Europea sobre proveedores de alto riesgo, cómo se justifica que se le haya otorgado un papel esencial en la custodia de grabaciones delicadas dadas las restricciones a Huawei, y cuál ha sido el papel de Aldama en todo ello.
CRÍTICAS DE PP Y VOX
Por otro lado, el portavoz adjunto del Grupo Popular en el Congreso, Rafael Hernando, ha instado al Gobierno a cancelar de inmediato esta adjudicación, calificándola de «disparate» y que estaría dentro de los procedimientos normales gestionados por la Dirección General de Racionalización y Centralización de la Contratación.
«El asunto es muy grave. No es solo de Estados Unidos. También el Parlamento Europeo recomienda restricciones frente a Huawei», ha señalado en su cuenta de ‘X’, reflejando las preocupaciones que indican que autoridades estadounidenses han sugerido revisar los acuerdos de inteligencia con España tras conocer este contrato.
«El Gobierno justificó gastar 2.300 millones de euros en Telefónica por su interés para la Seguridad Nacional, pero le quita el almacenamiento de las escuchas policiales y se lo da a una empresa tutelada por el Gobierno chino y paga 12,3 millones de euros», criticó el diputado ‘popular’ el pasado miércoles en un tuit donde describió la operación como un «negocio sospechoso y negligente».
Este viernes también se ha pronunciado a través de ‘X’, el diputado de Vox Carlos Flores Juberías, quien ha destacado las dudas de Estados Unidos ante la «creciente cercanía entre el Gobierno Sánchez y la empresa china Huawei, a la que la legislación de su país obliga a ceder información de todo tipo al Gobierno chino» y ha concluido que «España está dejando de ser un socio fiable de los Estados Unidos» lo que podría «dañar severamente nuestra seguridad».
