La Constitución de 1978 está a punto de convertirse en la norma fundamental más duradera de la historia española, al rebasar en tiempo de vigencia a la de 1876, impulsada por Antonio Cánovas del Castillo, que hasta ahora mantiene el récord con 47 años y 73 días. En estas más de cuatro décadas únicamente ha sido objeto de tres reformas puntuales y ha proporcionado un marco de estabilidad institucional que ha permitido consolidar el Estado de Derecho y la alternancia de distintas fuerzas políticas en el Gobierno.
Con este hito, el texto constitucional aprobado en la Transición rompe una dinámica de más de doscientos años en la que ninguna constitución había logrado asentarse como referencia duradera. Desde los primeros intentos de carta otorgada a comienzos del siglo XIX hasta hoy, España ha aprobado nueve constituciones, la mayoría de corta vida, y ha atravesado amplios periodos sin ordenamiento constitucional estable o con proyectos que nunca llegaron a prosperar.
Por primera vez, una ley fundamental, la primera aprobada directamente por la ciudadanía en referéndum el 6 de diciembre de 1978, ha resistido casi medio siglo de tensiones políticas —incluido un golpe de Estado y un intento fallido de secesión—, varios relevos en el poder y profundas transformaciones sociales sin ser reemplazada por otro texto.
La Constitución de 1876 se mantuvo en vigor 17.239 días; esa cifra será igualada por la actual el 17 de febrero de 2026 si se cuenta desde su ratificación en el referéndum del 6 de diciembre de 1978, aunque su entrada en vigor efectiva se produjo el día 29 de ese mismo mes.
Las Cortes Generales conmemorarán esta efeméride el próximo martes con un acto solemne en el que el rey Felipe VI ejercerá la presidencia y al que acudirán diputados y senadores en activo, así como figuras que tuvieron un papel decisivo en la redacción de la actual Carta Magna.
Primeros ensayos constitucionales
El Estatuto de Bayona, aprobado en 1808 durante la ocupación napoleónica, fue el primer texto con aspiración constitucional en España, aunque no se considera una constitución en sentido estricto. Era una carta otorgada por el monarca impuesto, José Bonaparte, sin proceso constituyente ni reconocimiento de la soberanía nacional, lo que lastró desde el principio su legitimidad.
Su articulado introducía algunas reformas administrativas y ciertos derechos, pero mantenía un fuerte predominio del poder ejecutivo y subordinaba el conjunto a la voluntad del rey. Su vigencia fue meramente nominal y muy corta, hasta 1810, ya que la Guerra de la Independencia y el rechazo social generalizado impidieron su aplicación real.
La verdadera irrupción del constitucionalismo español llegó con la Constitución de Cádiz de 1812. Aquel texto proclamó principios revolucionarios para la época, como la división de poderes y la igualdad jurídica, rompiendo con el absolutismo tradicional.
La conocida como “la Pepa”, aprobada el 19 de marzo, estuvo formalmente en vigor en tres etapas (1812-1814, 1820-1823 y 1836-1837) y sumó unos seis años efectivos. En paralelo se aprobó el Estatuto Real de 1834, una carta otorgada que reservaba la soberanía al rey, aunque reconocía competencias limitadas a las Cortes. Las interrupciones de la Constitución de 1812 respondieron a la oposición frontal de Fernando VII y de los sectores absolutistas a los nuevos derechos.
Las constituciones liberales del siglo XIX
La Constitución de 1837 surgió en un periodo de transición tras la muerte de Fernando VII y la regencia de María Cristina. Buscó un equilibrio entre el ideario liberal y la continuidad de la monarquía, mezclando elementos progresistas con otros moderados. Reconocía libertades individuales y acotaba el poder real, pero con una arquitectura institucional más flexible que la de 1812. Duró ocho años y fue reemplazada tras el triunfo del liberalismo moderado, que promovió un nuevo texto más centralizador y restrictivo.
A continuación se aprobó la Constitución de 1845, que reforzó la autoridad de la Corona y redujo el alcance de la soberanía nacional, consolidando un giro conservador. El nuevo modelo priorizaba el orden, la centralización administrativa y un sistema político muy restringido, apoyado en un sufragio censitario limitado a una minoría.
Con la oleada revolucionaria europea de 1848 se suspendieron las garantías constitucionales para frenar su contagio en España. En ese contexto, en 1852 el Gobierno redactó un proyecto de constitución orientado a recuperar rasgos del Antiguo Régimen y atraer a los carlistas, pero el texto no consiguió el respaldo de las principales fuerzas políticas.
Durante el bienio progresista (1854-1856) se elaboró otra constitución, que reafirmaba la soberanía nacional, ampliaba de forma notable los derechos políticos e introducía por primera vez un régimen de tolerancia religiosa. Sin embargo, la contrarrevolución de 1856 encabezada por Leopoldo O'Donnell impidió su promulgación.
1869, primer texto con vocación democrática
Tras la caída de Isabel II por la revolución de la Gloriosa y el inicio del Sexenio Democrático, se aprobó la Constitución de 1869, considerada la más avanzada del siglo XIX en derechos y libertades. Estableció el sufragio universal masculino y reconoció amplias libertades civiles con el objetivo de democratizar el sistema. Su vida, no obstante, se limitó a cuatro años por la inestabilidad política y la ausencia de consensos sólidos.
El texto quedó superado con el fracaso de la I República en 1873, durante la cual también se intentó impulsar una constitución de carácter federal que no llegó a aprobarse. La marcha del rey Amadeo I y la creciente inestabilidad institucional desembocaron en la Restauración borbónica.
En ese nuevo periodo, marcado por el “turnismo” entre liberales y conservadores, se promulgó la Constitución de 1876, hasta ahora la más duradera, que entró en vigor el 30 de junio de ese año y se dio por concluida de facto con el golpe de Estado de Miguel Primo de Rivera el 13 de septiembre de 1923.
Durante la dictadura se intentó dotar al régimen de una constitución propia, el denominado Estatuto Fundamental de la Monarquía, pero el proyecto no satisfizo ni siquiera a Primo de Rivera, al otorgar excesivas prerrogativas al rey, y nunca llegó a promulgarse.
La Segunda República y la ruptura con el pasado
Tras la proclamación de la II República en 1931, ese mismo año se aprobó una nueva Constitución que supuso una clara ruptura con el modelo monárquico anterior. Definió una república democrática, laica y social, con un amplio catálogo de derechos civiles y sociales y una fuerte agenda reformista. Introdujo avances sin precedentes en igualdad jurídica, educación y protección laboral.
Sin embargo, el texto generó una fuerte contestación en amplios sectores conservadores y en la jerarquía eclesiástica y militar. Su vigencia se limitó a ocho años y terminó con el golpe de Estado del general Franco, la Guerra Civil y la posterior dictadura.
El consenso de 1978 y sus reformas
La Constitución actual surgió del impulso del nuevo rey, Juan Carlos I, y del espíritu de consenso entre los principales partidos y corrientes políticas que asumieron el liderazgo tras el franquismo. Estableció una monarquía parlamentaria, un amplio elenco de derechos fundamentales y un modelo territorial descentralizado. Fue la primera refrendada por el pueblo español el 6 de diciembre de 1978, con un 88,54 % de votos favorables, e incorporó mecanismos de reforma que han permitido su actualización sin necesidad de derogarla.
Desde su aprobación sólo ha sido modificada en tres ocasiones: para reconocer el derecho de sufragio a los ciudadanos de otros países de la Unión Europea en elecciones municipales (1992), para introducir el principio de estabilidad presupuestaria (2011) y para sustituir el término “disminuido” por “personas con discapacidad” (2024).