El Parlamento Europeo aprobó este jueves una resolución impulsada por el PP español en la que reclama al Consejo Europeo que mantenga vigentes las sanciones contra “responsables de violaciones de los derechos humanos” en Venezuela, entre ellos la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, mientras no se produzcan avances reales hacia una transición pacífica y democrática. El documento salió adelante con una amplia mayoría de 507 votos a favor —con el respaldo de numerosos eurodiputados socialistas—, 31 en contra y 35 abstenciones.
La presidenta encargada de Venezuela, invitada por el Gobierno de Pedro Sánchez a la Cumbre Iberoamericana que se celebrará en Madrid a comienzos de noviembre, continúa sometida a medidas restrictivas de la UE que le vetan la entrada en territorio comunitario, aunque el marco sancionador permite excepciones puntuales. Así ocurrió en la cumbre UE-CELAC de julio de 2023 en Bruselas, bajo presidencia española de la UE, a la que finalmente asistió.
El texto aprobado reclama pasos concretos en Venezuela, como la liberación inmediata y sin condiciones de todos los presos políticos, la retirada y anulación de las causas de carácter político contra la oposición democrática al régimen y el diseño de una hoja de ruta creíble que conduzca a la celebración de elecciones libres y competitivas.
En la resolución, la Eurocámara recuerda a los Veintisiete que, mientras no se adopten “medidas significativas” hacia una transición pacífica a la democracia “liderada por los venezolanos y respetuosa de su soberanía”, el Consejo —que se reunirá en junio con jefes de Estado y de Gobierno— “no debe levantar ninguna de las sanciones impuestas a las personas responsables de violaciones de los derechos humanos”, e insta a la UE a hacer todo lo posible para alcanzar dichos objetivos.
Albares, en el punto de mira por pedir el fin de las sanciones
La eurodiputada del PP y secretaria general del PPE, Dolors Montserrat, defendió la iniciativa sobre Venezuela argumentando que Delcy Rodríguez “ha dejado sin efecto la ley de amnistía y sigue siendo mano derecha de un narcodictador”, en referencia a Nicolás Maduro.
“Pedimos que vuelva a tener vigencia y tenga efectos jurídicos la ley de amnistía porque tienen que salir todos los presos políticos que están en la cárcel, que son unos 470”, señaló Montserrat ante los medios, subrayando que la oposición venezolana les reclama seguir “elevando la voz” y que el PP español mantendrá su “presión internacional” para favorecer el retorno de la democracia en el país latinoamericano.
La dirigente popular arremetió asimismo contra el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, quien “solicito retirar las sanciones a Delcy Rodríguez” y ha confirmado esta semana que el Gobierno invitará a la presidenta encargada de Venezuela a la Cumbre Iberoamericana de noviembre pese a la ausencia de reformas en el país. A su juicio, se trata de “un desafío a Europa”.
“Lo que tendría que decir el ministro Albares es que solo se invitará a Delcy si ha liberado a los presos políticos y se hacen reformas para la transición democrática”, recalcó, para remarcar que cualquier otra posición constituye una actitud “desafiante”.
Críticas a la Ley de Amnistía y exigencia de liberar a más de 400 presos políticos
La resolución promovida por el PP español lamenta que la Ley de Amnistía venezolana no haya conseguido “la liberación incondicional de todos los presos políticos, con al menos 470 aún detenidos injustamente en condiciones inhumanas”, y denuncia que su finalización anticipada, su alcance restringido, la ausencia de supervisión independiente y su aplicación discriminatoria no han servido de base para una auténtica reconciliación política.
El texto reclama la puesta en libertad “total e incondicional” de todas las personas encarceladas “arbitrariamente por motivos políticos”; exige que recuperen íntegramente sus derechos civiles y políticos; y remarca que la Ley de Amnistía no puede utilizarse en ningún caso para blindar a los responsables de violaciones de los derechos humanos, quienes deben rendir cuentas sin excepciones.
Además, la Eurocámara insta al régimen venezolano a poner fin de inmediato a la represión y a emprender una reforma profunda de las principales instituciones judiciales, policiales y electorales, incluido el cierre de todos los centros empleados para la detención arbitraria, los malos tratos y la tortura.
La resolución también reclama el cese de toda persecución política, el levantamiento incondicional de las restricciones impuestas a opositores y garantías de retorno seguro sin represalias para quienes se encuentran en el exilio. Asimismo, recuerda que en cualquier circunstancia debe respetarse el Derecho internacional, incluida la Carta de las Naciones Unidas.