La Fundación Broseta ha expresado su rechazo a la concesión de un régimen de semilibertad al exdirigente de ETA Garikoitz Aspiazu Rubina, conocido como 'Txeroki', y ha censurado los "beneficios" otorgados a quien "no ha mostrado arrepentimiento, no ha pedido perdón, no ha reparado el daño causado y no ha colaborado en el esclarecimiento de los muchos atentados cuya autoría no ha podido ser determinada".
La Fundación Profesor Manuel Broseta, entidad sin ánimo de lucro constituida en 1992 para preservar la memoria del jurista y político valenciano asesinado por ETA, ha difundido un comunicado en el que recuerda que 'Txeroki' ha sido "condenado a más de 400 años de prisión por graves delitos de terrorismo y por su pertenencia a la organización criminal ETA". En este contexto, subraya que la normativa penitenciaria española "establece que cualquier progresión de grado o acceso a regímenes de semilibertad debe ajustarse estrictamente a los principios de legalidad, individualización y reinserción social".
En relación con los delitos de terrorismo, la Fundación incide en que el ordenamiento jurídico contempla "requisitos reforzados, entre ellos la desvinculación expresa de la organización terrorista, la colaboración efectiva con las autoridades en el esclarecimiento de crímenes cuya autoría se desconoce y la manifestación inequívoca de arrepentimiento y reparación, en los términos establecidos por la ley y la jurisprudencia".
A juicio de la entidad, la aplicación de beneficios penitenciarios sin que concurran estos requisitos "compromete la coherencia del sistema penal" y puede derivar en "una grave desafección en las víctimas y en la sociedad, que han confiado siempre en la firmeza del Estado democrático frente a quienes atentaron contra la vida y la libertad".
La Fundación Broseta sostiene que el respeto a la dignidad de las víctimas del terrorismo "exige que cualquier decisión penitenciaria sea plenamente transparente, jurídicamente fundada y estrictamente ajustada a los requisitos legales".
Por ello, reitera su "compromiso con la memoria de las víctimas, con la defensa del Estado de Derecho y con la aplicación rigurosa de la ley, sin excepciones ni interpretaciones que puedan debilitar los principios que han permitido derrotar al terrorismo dentro del marco constitucional".