La JEC ordena borrar de webs oficiales las palabras de Isabel Rodríguez que vinculan el decreto de alquileres con las elecciones andaluzas

La JEC ordena retirar de webs oficiales unas declaraciones de Isabel Rodríguez sobre el decreto de alquileres ligadas a las elecciones andaluzas.

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La ministra Portavoz, Isabel Rodríguez, durante una sesión plenaria. Eduardo Parra - Europa Press

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La Junta Electoral Central (JEC) ha decidido que se eliminen de páginas institucionales unas manifestaciones de la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, en las que se refería al decreto ley para la prórroga de los alquileres y, al mismo tiempo, animaba a los ciudadanos andaluces a “decidir” si deseaban “congelar su alquiler” o seguir “con un gobierno que obvia esa posibilidad con subidas de alquiler”.

La denuncia fue presentada por Vox, que llevó ante la JEC las palabras pronunciadas por la ministra el pasado 29 de abril en TVE. Tras analizar el caso en su reunión de este jueves en el Congreso de los Diputados, el organismo arbitral ha optado por estimar la queja, aunque únicamente de forma parcial.

En aquella intervención televisiva, Rodríguez subrayó: “Hay una oportunidad muy importante para ocho millones de españoles y españolas, que son las próximas elecciones en Andalucía donde, con su voto, pueden decidir si quieren congelar su alquiler los más de 600.000 de andaluces y andaluzas que viven de alquiler o quieren continuar con un gobierno que obvia esa posibilidad con subidas de alquiler muy importantes o con la ocupación de pisos turísticos en ciudades como Málaga o Sevilla”, dijo la ministra.

Sin expediente sancionador, pero con retirada de los contenidos

Vox sostuvo ante la JEC que la titular de Vivienda había hecho referencia a logros del Ejecutivo, vulnerando así el principio de neutralidad que se exige a los poderes públicos durante un proceso electoral. Por ello reclamó que se ordenara la supresión de estas declaraciones de todos los soportes institucionales y redes sociales oficiales, así como la posible apertura de un expediente sancionador.

La ministra, en sus alegaciones, defendió que la entrevista se amparaba en el derecho de la ciudadanía a recibir información y rechazó que se hubiera quebrantado la neutralidad y la objetividad institucionales, alegando que no se habían empleado recursos públicos del ministerio para su realización.

Según explicó, la conexión se llevó a cabo desde el Congreso de los Diputados, “sin que el espacio que se utiliza sea inalcanzable para otros representantes políticos”, extremo que la propia JEC asume en su resolución.

Rodríguez sostuvo igualmente que su intención no era “influir en el electorado”, sino aludir, en el marco de la pregunta formulada, “a que ciertas comunidades autónomas están bloqueando la aplicación de una ley” y que esta apreciación no suponía una “petición expresa de voto” y, en cualquier caso, no se hacía “por un candidato a las elecciones”.

La JEC invoca la neutralidad de los poderes públicos

En el acuerdo difundido, recogido por Europa Press, la Junta Electoral Central considera que las manifestaciones de la ministra “podrían entrar en el ámbito de aplicación” del artículo 50.2 de la Ley Electoral, que prohíbe desde la convocatoria y hasta la jornada de votación la celebración de actos sufragados, directa o indirectamente, por los poderes públicos que incluyan referencias a realizaciones o logros obtenidos.

El organismo cita también la doctrina reiterada de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, que define la “neutralidad política en período electoral en los espacios públicos como un axioma esencial de nuestro ordenamiento jurídico”.

Al mismo tiempo, la JEC subraya que “aunque las declaraciones no implican propiamente una campaña de logros, debe tenerse en cuenta que su difusión en los canales institucionales del Gobierno implica un uso contrario al principio de igualdad”.

Por ello, y “en aras de garantizar el principio de neutralidad de los poderes públicos en período electoral”, el órgano arbitral ordena suspender la difusión de las palabras denunciadas en los canales institucionales del Gobierno y en las páginas web donde sigan disponibles, al menos hasta la celebración de las elecciones andaluzas del 17 de mayo.