Marien Ortega, recién elegida portavoz nacional de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), ha criticado que la Asociación Profesional de la Magistratura (APM) y Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD) “prácticamente copen todos los nombramientos” en la cúpula judicial.
Ortega se ha pronunciado así en una entrevista con Europa Press tras asumir el cargo de portavoz nacional de AJFV, la segunda asociación judicial en número de miembros, designada en la 39ª Asamblea celebrada en A Coruña el pasado 14 de noviembre.
La magistrada, que encabeza el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo Número 13 de Sevilla, ha subrayado que “es muy significativo” que, según sus datos, sean estas dos asociaciones las que concentran los nombramientos “cuando juntas no llegan al 35% de la carrera judicial”.
A su juicio, esta realidad pone de manifiesto “que se tienen en cuenta otros aspectos” a la hora de decidir los nombramientos, en perjuicio de “lo que tendría que ser: los principios de mérito y capacidad”.
Partiendo de este diagnóstico, AJFV acordó tras la 39ª Asamblea no respaldar a ningún aspirante a vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) mientras no sea la propia carrera judicial la que elija directamente a los 12 vocales de extracción judicial.
Según ha explicado Ortega, la asociación adoptó esta postura tras constatar “que el sistema no cambia, sigue respondiendo a las mismas cuotas partidistas”, en las que “siguen primando dos asociaciones”.
Por ello, la portavoz ha insistido en que “es fundamental” reformar el modelo de nombramientos del CGPJ, dado que se trata de un órgano que “tiene que alejar cualquier sospecha de influencia o de actuación partidista”, algo que, a su entender, “ahora mismo no se produce”.
“Hay una identificación con lo que ellos mismos denominan los bloques conservador y progresista. Creo que eso en la propia institución crea un perjuicio tremendo, porque provoca una falta de credibilidad”, ha censurado Ortega.
En esta línea, ha recordado que la asociación denunció el pasado verano, en un informe, que los nombramientos discrecionales del CGPJ “no reflejan la realidad” de la carrera judicial y que existe una sobrerrepresentación de asociados de APM y JJpD.
En un comunicado, AJFV advirtió de que estas dos asociaciones han logrado el 75% de las plazas públicas en las que concurría más de un candidato, cuando “juntas no alcanzan ni el 35% de representación de la carrera judicial”.
Echaron en falta más “comunicación” sobre los tribunales de instancia
En relación con la implantación de los nuevos tribunales de instancia, cuyo inicio está previsto a partir del 31 de diciembre, Ortega ha indicado que suponen la “modernización de la justicia”. Una modernización “necesaria”, pero que, según ha reprochado, se ha impulsado “sin escuchar a quien está dentro, a quien sostiene la justicia cada día”.
Ha valorado positivamente las “muchas reuniones” que el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes ha mantenido con el cuerpo de letrados de la Administración de Justicia, pero ha señalado que han “echado en falta” ese mismo nivel de “comunicación” con la carrera judicial.
Asimismo, se ha mostrado partidaria de la moratoria ofrecida por Justicia a los partidos judiciales que la solicitaron para la constitución de los nuevos tribunales, con el fin de “para detectar qué problemas ha podido haber en esa implantación y frente a esos problemas qué soluciones podemos dar antes de implantarlo en grandes capitales”.
Para la magistrada sevillana, esa “previa revisión de cómo está funcionando el proceso” resulta “imprescindible”, ya que, de no llevarse a cabo, “el caos puede ser absoluto”.
La oferta de plazas para jueces no cubre la tasa de reposición
Entre las principales demandas de AJFV, Ortega ha destacado la necesidad de incrementar la convocatoria de plazas para el acceso a la carrera judicial porque, según ha advertido, con las actuales “no va a llegar ni a cubrir siquiera la tasa de reposición”.
Con ello se refiere a que no será posible cubrir “las vacantes que se están produciendo por jubilaciones, por incapacidades y por fallecimientos”.
En este contexto, ha remarcado que los ciudadanos españoles “no tienen los jueces que deberían”: “En España tenemos una media de 11,6 jueces cada 100.000 habitantes, cuando la media en Europa son de 17 jueces cada 100.000 habitantes”.
Este déficit, unido al incremento de la litigiosidad que el CGPJ viene señalando en sus informes trimestrales, hará que “menos jueces harán el mismo trabajo”, algo que, según la jueza, “afecta al ciudadano”.
“Si tú tienes a un juez cansado porque está sobrepasado por la carga de trabajo, ese juez no resuelve igual y la ciudadanía no tiene la respuesta que debería tener y ese es un problema como sociedad que tenemos”, ha indicado.
En esta línea, ha detectado un aumento de las bajas médicas entre sus compañeros, así como “un incremento de las jubilaciones voluntarias anticipadas”, que sitúa en torno a un 42% del total de retiros. A su entender, esto “está muy relacionado con la sobrecarga de trabajo” y con que “no hay una perspectiva de mejora de la situación”.
Critica las sospechas sobre el Supremo tras la condena a García Ortiz
Por otra parte, la portavoz de AJFV ha señalado que la sentencia del Tribunal Supremo que condenó al ex fiscal general del Estado por una revelación de secretos contra la pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, “está fundamentada y motivada”.
Por este motivo, considera que “habría que evitar” las insinuaciones sobre una supuesta motivación política en esa resolución, aunque admite que “la crítica de todas las resoluciones tiene que existir”.
“No podemos llevarla al terreno de la sospecha o deslizar la idea de que se está resolviendo por afinidades o por ideologías. Todo eso tiene que quedar al margen porque ya hay formas de discrepar jurídicamente de una resolución”, ha remachado Ortega.
Respecto a los votos particulares formulados por las magistradas Ana Ferrer y Susana Polo, que defendían la absolución de García Ortiz, la jueza ha opinado que “el problema es cuando se desliza un relato interesado, porque el hecho de que haya votos particulares dentro de un órgano colegiado entra dentro del funcionamiento normal de los tribunales”.
Ortega ha añadido que “es evidente” que esta situación “ha ocasionado un daño gravísimo en términos de credibilidad a la Fiscalía General del Estado” y ha apuntado que “el reto más importante” de la nueva fiscal general, Teresa Peramato, “es recuperar esa credibilidad en la institución”.