Las Cortes de Castilla-La Mancha han rechazado este jueves la iniciativa de Vox debatida en el Pleno, a instancias de este grupo, con la que pretendía que el Ejecutivo autonómico aplicase un criterio de prioridad nacional en el acceso a todas las ayudas, subvenciones y prestaciones públicas. La propuesta ha sido descartada con los votos en contra de PP y PSOE.
Vox reclamaba al Gobierno regional que en Castilla-La Mancha el acceso a cualquier ayuda, subvención o prestación pública se rigiera por el principio de prioridad nacional, garantizando la asignación preferente de los recursos “a quienes mantienen un arraigo real, duradero y verificable en el territorio” y vetando el acceso a prestaciones y servicios sociales a quienes se encuentren en situación irregular, salvo en casos de urgencia vital.
El PP también ha visto caer su propia propuesta de resolución, en la que instaba al Ejecutivo autonómico a “promover el acceso a las subvenciones y prestaciones públicas inspirándose en el principio de prioridad nacional, que procure la asignación prioritaria de los recursos públicos a quienes mantienen un arraigo real, duradero y verificable”.
Según defendía el Grupo Popular, este modelo, compatible con la normativa vigente, debía contemplar un periodo mínimo reforzado de arraigo, empadronamiento y vinculación con el territorio, así como la conexión del acceso a las ayudas con la trayectoria de cotización, la permanencia y la contribución al sistema.
La alternativa planteada por el PSOE en este mismo debate tampoco ha salido adelante al producirse un empate técnico entre socialistas y ‘populares’. De este modo, la propuesta socialista ha decaído igualmente.
En su texto, el PSOE rechazaba los acuerdos que están alcanzando Partido Popular y Vox en distintas administraciones de Castilla-La Mancha, en los que se prevé “aplicar la prioridad nacional en el acceso a los servicios públicos, discriminando y excluyendo a las personas migrantes, medidas que son contrarias al ordenamiento jurídico de España”.
Inmigración y despoblación en Castilla-La Mancha
La consejera de Bienestar Social, Bárbara García, ha abierto el turno de intervenciones recordando que el 79 por ciento de los 919 municipios de Castilla-La Mancha se ubican en zonas escasamente pobladas o en riesgo de despoblación, subrayando que “la inmigración no es un problema para la despoblación, sino que es parte de la solución”.
Ha incidido en que “muchos de nuestros pueblos han mantenido población, actividad económica y servicios, gracias precisamente a la llegada de personas migrantes. Sectores como la agricultura, los ciudados, la logística o la hostelería dependen en gran medida de trabajadores extranjeros. Señalarles como el problema, es completamente ridículo”.
García ha aportado datos demográficos, destacando que el crecimiento de población durante tres años consecutivos y el saldo migratorio acumulado entre 2021 y 2024 en la región se sitúan en 15.423 personas. De cada 100 personas que llegan a Castilla-La Mancha, 23 optan por asentarse en áreas poco pobladas, un dato que ha calificado de “muy significativo”.
“La pregunta, por tanto, no es si realmente queremos inmigración o no. No, la pregunta que nos debemos hacer es si queremos gestionar bien nuestro territorio, si queremos garantizar los derechos universales a nuestros ciudadanos. Esa es la pregunta y la respuesta del Gobierno de Castilla-La Mancha”, ha sostenido la consejera.
Ha remarcado que la política del Ejecutivo autonómico “se basa en valores, en datos, en la responsabilidad que implica gobernar para todos” y ha pedido a Vox que tome un “rumbo distinto” y no alimente “solo el debate del odio”.
Asimismo, ha instado a la formación a “mirar la historia” y recordar “los castellanomanchegos emigraron a Alemania, con una maleta de cartón” o “los que mandaban dinero a sus familias desde cualquier punto de Europa”.
Vox denuncia el impacto de la inmigración
El presidente del Grupo Parlamentario Vox, David Moreno, ha descrito Castilla-La Mancha como una de las comunidades “más golpeadas” por la “inmigración masiva”, donde, a su juicio, “se perturba la paz social”.
Ha puesto como ejemplo que en varias provincias de la región más del 20 por ciento de los perceptores del Ingreso Mínimo Vital son extranjeros. En Toledo, de los 13.000 beneficiarios, un 22% son extranjeros; en Guadalajara, de 3.000 beneficiarios, un 28% son extranjeros o en Cuenca, de los 2.700 beneficiarios, el 27% son extranjeros. Ha señalado que esas son “sus cifras, las cifras de su gestión, de la gestión de Emiliano García-Page en cuanto al ingreso mínimo vital en Castilla-La Mancha”.
“La inmigración en España detrae más recursos de los que aporta. Eso está demostrado científicamente y avalado por innumerables estudios”, ha defendido Moreno.
Ha reclamado “se audite el gasto público en Castilla-La Mancha y saber cuál es el impacto de la inmigración ilegal en la sanidad pública” y ha interpelado a la consejera sobre “por qué el Partido Socialista no quiere que se sepan las cuentas reales y el impacto de la inmigración en nuestra región”.
Ha avisado de que, si llegan al Gobierno regional, abrirán “todos los cajones para sacar el coste real de los menores no acompañados en las cuentas públicas de Castilla-La Mancha, para saber el coste real de la inmigración ilegal en la sanidad pública regional, para saber el número real de migrantes beneficiarios de vivienda pública”.
“Los castellanomanchegos tienen todo el derecho a saberlo, a saber la realidad de las cuentas. En Vox no vamos a quedarnos de brazos cruzados”, ha remachado.
El PP pide prioridad a quien cotiza y se arraiga
La portavoz del Grupo Popular, Carolina Agudo, ha explicado que, en su iniciativa, el PP reclama “se derogue la regulación masiva planteada por Pedro Sánchez”, y que “exista prioridad nacional conforme al arraigo y a la legislación vigente”.
Comparte con Vox que “los recursos públicos no son ilimitados”, pero ha puntualizado que los ‘populares’ sostienen que “quienes trabajan, quienes cotizan, quienes pagan impuestos, quienes han echado raíces aquí”, deben “tener prioridad en el acceso de los servicios públicos”, aunque ha precisado que el PP no pregunta “de dónde viene” cada persona.
En este sentido, ha reivindicado a “los extranjeros que han venido a trabajar, a aportar y a construir su proyecto de vida”. “El que viene a España a aportar al Estado de Bienestar, bienvenido. El que viene a España a delinquir, fuera de nuestro territorio. Así de claro y sin ninguna duda”, ha señalado Agudo.
El PSOE acusa a Vox de racismo
Por parte del Grupo Socialista, Pablo Camacho ha sostenido que lo que plantea Vox “es un bulo”, lamentando que no sean “originales ni para ser racistas”. “La historia nos recuerda que las sociedades han caído muchas veces en la misma piedra, también en la piedra del racismo”.
Ha reprochado a Vox que utilice como telón de fondo de sus discursos “a los españoles, utiliza a los pensionistas, a los trabajadores, a los jóvenes, a las familias humildes y al mundo rural”.
En su intervención, ha criticado que la formación de derechas presuma “de ser cristianos”, una postura que, según ha dicho, “en la práctica choca frontalmente contra el verdadero mensaje de Jesús de Nazaret”. “En la parábola del buen samaritano, Jesús no eligió como ejemplo moral al poderoso, ni al puro, ni al nacional. Jesús eligió precisamente a un extranjero, a un inmigrante despreciado, para dar una lección a quienes se creían mejores que él”, ha expuesto Camacho.