El coordinador federal de Izquierda Unida (IU), Antonio Maíllo, ha calificado este lunes de “insuficiente” el anuncio del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sobre la desclasificación de documentos oficiales relativos a la intentona golpista del 23 de febrero de 1981, y le ha instado a que impulse antes de que termine la legislatura una nueva Ley de Secretos.
Coincidiendo con el 45 aniversario del 23F, este 23 de febrero de 2026 el jefe del Ejecutivo ha avanzado que el Consejo de Ministros de este martes dará luz verde a la desclasificación de los documentos vinculados al golpe de Estado.
Maíllo ha valorado que se trata de “una buena noticia” pero al mismo tiempo “insuficiente”, ya que, según ha remarcado, lo verdaderamente necesario es sacar adelante una nueva Ley de Secretos Oficiales y hacerlo dentro del actual periodo legislativo.
Relevo a la ley franquista de 1968
El líder de IU ha señalado que, de haber ocupado la Presidencia del Gobierno, él ya habría procedido a desclasificar esos materiales oficiales. Pese a ello, subraya que la prioridad debe ser aprobar una norma que sustituya “la ley infame de secretos oficiales del franquismo de 1968”.
La actualización de la actual Ley de Secretos Oficiales constituye una vieja demanda del PNV, que la ha registrado en varias legislaturas. Sin embargo, las sucesivas ampliaciones de los plazos de enmiendas han provocado que la reforma quedara reiteradamente paralizada en el Congreso.
Mientras la propuesta de los nacionalistas continúa bloqueada, el Consejo de Ministros dio el visto bueno el pasado verano a su propio proyecto de Ley de Información Clasificada. Este texto, promovido por el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, fue remitido igualmente a la Cámara Baja para su tramitación parlamentaria, donde permanece también ‘congelado’.
Claves del proyecto de Ley de Información Clasificada
El proyecto del Ejecutivo establece el deber del Estado de proteger mediante clasificación la información sensible que pueda incidir en la defensa nacional o en la seguridad ciudadana, al tiempo que pretende compatibilizar esa protección con el derecho a la información y con las exigencias de transparencia.
Además, la iniciativa legal fija de forma expresa que la clasificación de información tendrá carácter excepcional y deberá estar siempre justificada. También determina que la documentación relacionada con grandes violaciones de derechos humanos o crímenes de lesa humanidad no podrá ser clasificada.
El texto incorpora el principio de desclasificación automática y marca plazos en función del grado de secreto de los documentos. Así, la información catalogada como “Secreto” deberá desclasificarse una vez transcurridos treinta y cinco años, con la posibilidad de una única prórroga de diez años más, igualmente excepcional y motivada. En total, 45 años, el mismo periodo que se cumple ahora desde la intentona golpista del 23F de 1981.