QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
El ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, ha mostrado su alegría por el apoyo mostrado en las manifestaciones españolas hacia la flotilla de Gaza y las protestas contra la detención de sus miembros por parte de Israel. Se ha declarado ‘orgulloso’ de la influencia de la sociedad civil española para activar a otras comunidades europeas, y considera que estas acciones han sido fundamentales para el surgimiento de una propuesta de acuerdo de paz.
En una intervención en ‘TVE’, recogida por Europa Press, Marlaska ha evitado emitir un juicio legal sobre estos sucesos y ha pedido cautela, esperando el regreso seguro de los integrantes de la flotilla a España. Al evaluar las grandes manifestaciones que exigían la liberación de los detenidos, el ministro ha destacado la vitalidad y activismo de la sociedad, subrayando la importancia de los derechos humanos y las libertades fundamentales tanto en España como en el mundo.
Además, ha señalado que la capacidad de movilización española hacia otras sociedades civiles europeas le llena de orgullo, recordando que la flotilla incluía ciudadanos de más de 40 países, lo que demuestra un compromiso significativo con la defensa de los derechos fundamentales. Según Marlaska, el impacto de estas movilizaciones y la visibilidad internacional que han generado son cruciales para la propuesta de acuerdo de paz presentada.
En relación con los tratos recibidos por los miembros de la flotilla por parte de Israel, el ministro ha expresado su preocupación por cualquier infracción de derechos fundamentales. Aunque no ha especificado las acciones futuras del Gobierno español, ha mencionado que sería muy útil que los españoles afectados presentaran denuncias y ha informado que tanto la Fiscalía General del Estado como el Gobierno han tomado medidas legales, incluyendo la participación en la Corte Penal Internacional y en los tribunales españoles.
Finalmente, aunque no ha querido anticipar la calificación legal de los hechos, ha recordado que, de confirmarse, estos actos en aguas internacionales podrían constituir una violación penal internacional, además de una privación de libertad ilegal según el derecho nacional e internacional.
