Marruecos ha concretado por fin el plan de autonomía para el Sáhara Occidental presentado en 2007, tal y como instaba la resolución 2797 del Consejo de Seguridad, planteando para la antigua colonia española un sistema de autogobierno encabezado por una figura nombrada directamente por Mohamed VI y cuya puesta en marcha dependerá de la aprobación del conjunto de la ciudadanía marroquí mediante referéndum.
Así se recoge en un documento de 40 páginas elaborado por tres consejeros reales: el exministro de Exteriores Taieb Fassi-Fihri, el jurista Omar Azziman, que fue embajador en España entre 2004 y 2010, y Fuad Ali El Hima, principal asesor y hombre de máxima confianza del monarca. Su contenido ha sido adelantado en los últimos días por medios marroquíes como “Yabiladi” y “Le Desk” y por el digital español “Atalayar”, muy cercano a Rabat.
La filtración de algunos elementos de la propuesta del reino alauí ha llegado después de la reunión celebrada los días 8 y 9 de febrero en la Embajada de Estados Unidos en Madrid. A ese encuentro asistieron los responsables de Exteriores de Marruecos, del Frente Polisario, de Argelia y de Mauritania, bajo el copatrocinio del embajador estadounidense ante la ONU, Mike Waltz, del enviado para África, Massad Boulos, y del enviado de la ONU para el Sáhara, Staffan de Mistura.
Para Irene Fernández Molina, profesora de Relaciones Internacionales en la Universidad de Exeter, se trata de un “globo sonda” para testar la reacción internacional y, aunque lo planteado “parece bastante sensato” y se asemeja a otros modelos autonómicos —se mencionan los casos de España o Groenlandia—, “no hay garantías políticas ni jurídicas de que se va a llevar a la práctica”.
Según esta especialista, la oferta marroquí “podría tener sentido y funcionar en un Estado de derecho” pero, en su opinión, en el reino alauí “no lo hay”. Remite al Índice de Transformación de la Fundación Bertelsmann, donde Marruecos obtiene un 3 en Estado de derecho, con un 2 en separación de poderes y un 2 en independencia judicial.
Gobierno regional y reparto de poderes
El Estado central conservaría las competencias en defensa y seguridad nacional, política exterior, moneda, nacionalidad y símbolos de soberanía, mientras que el futuro gobierno regional asumiría responsabilidades sobre ordenación del territorio, urbanismo, desarrollo turístico e industrial, gestión de la pesca y políticas sociales como sanidad y educación, entre otras, con capacidad para dictar normas en estos ámbitos.
El texto introduce además una cláusula de subsidiariedad, por la cual cualquier competencia no atribuida de forma expresa a la región seguirá bajo control del Estado salvo acuerdo en contrario, y una cláusula de salvaguarda constitucional que permite suspender de forma excepcional y temporal ciertas facultades regionales si se considera que se produce un perjuicio grave al orden constitucional, a la integridad territorial o al funcionamiento de las instituciones.
El presidente del Ejecutivo regional sería formalmente investido por el rey Mohamed VI “con el fin de garantizar la coherencia constitucional y la unidad del Estado”, según explica “Atalayar”, mientras que “Le Desk” argumenta que, dado que el monarca nombra al primer ministro en Marruecos, “aplicar una regla diferente al Sáhara crearía una asimetría institucional peligrosa”. Esta figura actuaría también como representante del Estado en la región.
Este punto es uno de los más polémicos. Fernández Molina considera que resulta “contradictorio” en un escenario de autonomía, ya que lo lógico —y lo que previsiblemente exigiría el Polisario, suponiendo que llegara a contemplar esta fórmula— sería una elección directa por parte de la población.
El plan prevé igualmente una asamblea regional unicameral, compuesta por representantes elegidos por sufragio universal directo —que a su vez se integrarían en el Parlamento nacional— y por miembros designados por las tribus saharauis reconocidas, mediante un sistema que se fijará en una ley orgánica. Se incluye además una cuota específica de representación femenina. Este parlamento dispondrá de plena capacidad legislativa en las materias de su competencia.
Modelo económico, fiscal y gestión de recursos
En el terreno fiscal, la región autónoma estaría facultada para recaudar impuestos territoriales, percibir regalías por la explotación de los recursos naturales y retener una parte de los ingresos nacionales generados en el territorio. El Sáhara Occidental cuenta con abundantes recursos pesqueros, grandes reservas de fosfatos y un notable potencial en energías eólica y solar. Una fracción de los beneficios derivados de estos sectores permanecería en la región, aunque el porcentaje concreto deberá negociarse.
El proyecto de autonomía contempla también la protección de las tierras colectivas de las tribus saharauis y fija un marco jurídico para las concesiones mineras y las inversiones consideradas estratégicas. En este último punto surge otro foco de tensión, ya que se estipula que toda inversión extranjera deberá recibir el visto bueno tanto de las autoridades regionales como del Estado, algo que, se apunta, podría ser inaceptable para Argelia, habida cuenta de su histórica enemistad con Rabat.
Retorno de refugiados y desarme del Polisario
Otro elemento central de la iniciativa marroquí es el relativo al retorno de los refugiados saharauis que viven en los campamentos de Tinduf (Argelia), cifrados en unos 173.000 por distintas agencias humanitarias. Para ello se prevé la creación de un comité permanente encargado de organizar el regreso, con competencias para verificar la identidad y la filiación, aunque los criterios concretos deberán definirse en una negociación posterior.
El documento incorpora asimismo un mecanismo de desarme, desmovilización y reinserción de los combatientes del Polisario, del que quedarían excluidas las personas responsables de crímenes de guerra y crímenes contra la Humanidad.
Referéndum nacional y encaje constitucional
Para que el esquema pueda entrar en vigor, el estatuto de autonomía tendrá que someterse primero a referéndum en todo el territorio marroquí, y no únicamente en el Sáhara Occidental, como ha defendido históricamente el Polisario y como justificó la creación de la misión de la ONU (MINURSO).
“Esto no cumple de ninguna forma los requisitos formales de un proceso de autodeterminación”, advierte la profesora de la Universidad de Exeter, que ve muy difícil que el Polisario pueda asumirlo. Una renuncia total a la autodeterminación sería, afirma, un “suicidio político”.
Si el texto fuera aprobado en referéndum —algo que en Rabat se da prácticamente por hecho—, se integraría en la Constitución mediante un título específico. Cualquier modificación posterior exigiría el respaldo por mayoría cualificada tanto en el parlamento regional como en el nacional, además de un nuevo referéndum.
El borrador incluye también una cláusula de irreversibilidad territorial que impide cualquier interpretación que pudiera abrir la puerta a un derecho de secesión. “La autonomía no está pensada como una etapa hacia la independencia sino como una solución definitiva”, subraya en este punto “Le Desk”.
Por último, la experta destaca el apartado en el que se indica que “el reconocimiento internacional del estatuto no da lugar a ninguna tutela externa permanente”. Según explica, esto implica que Marruecos rechaza la posibilidad de una “supervisión internacional en el tiempo para ver que se cumple lo pactado”. De aprobarse el estatuto, el Sáhara Occidental pasaría a tratarse como una cuestión de derecho interno marroquí y la comunidad internacional dejaría de tener un papel activo en su seguimiento.