Menos de la mitad, en concreto el 47%, de los 125 presos de ETA cumple actualmente condena sin posibilidad de anticipar su salida de la cárcel, bien por estar ya en tercer grado o por la aplicación del artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario, que permite flexibilizar el tiempo de encierro para desarrollar trabajos o actividades formativas.
De acuerdo con los datos del Observatorio de Política Penitenciaria de la Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT), el año 2025 se cierra con 58 reclusos condenados por delitos de terrorismo vinculados a ETA en segundo grado o régimen ordinario.
Ese informe, al que ha tenido acceso Europa Press, detalla además que otros 54 internos de la organización terrorista se encuentran en tercer grado o en régimen de semilibertad, a los que se añaden doce presos que se benefician de una flexibilización de su clasificación inicial mediante la aplicación del artículo 100.2.
Asimismo, a lo largo de 2025 se han producido siete excarcelaciones por la concesión de la libertad condicional acordada por los tribunales, siendo la última la de Asier Carrera, condenado por el asesinato del dirigente socialista vasco Fernando Buesa y de su escolta.
En noviembre de 2019, antes de que se materializara el traspaso de las competencias penitenciarias al Gobierno Vasco, las prisiones españolas albergaban a 222 presos de ETA: 166 estaban en primer grado o régimen cerrado —en la actualidad no queda ningún interno en este nivel más severo— y 56 permanecían en segundo grado.
El papel del Gobierno Vasco en los terceros grados
El recuento de la AVT incluye 20 concesiones de tercer grado realizadas en 2025 por el Gobierno Vasco, que afectan a 19 presos de la banda terrorista. Desde que el Ejecutivo autonómico asumió la gestión penitenciaria en octubre de 2021, suma 110 terceros grados concedidos a 90 etarras, de los cuales 20 han sido otorgados de nuevo tras ser previamente revocados por decisiones judiciales.
Durante este ejercicio también se han registrado siete excarcelaciones por cumplimiento íntegro de las penas impuestas, además de otros tres casos en los que los internos han quedado en libertad tras ver reducida su condena por el cómputo de las penas ya cumplidas en Francia.