El Ejecutivo defiende que la declaración del exministro y exdirigente socialista José Luis Ábalos ante el Tribunal Supremo ratifica que la supuesta trama de corrupción se limita a él y a su antiguo asesor Koldo García, sin extenderse a otros integrantes del Gobierno.
Ábalos compareció el día anterior como investigado en el 'caso mascarillas', causa en la que se enfrenta a una posible condena de 24 años de cárcel por presuntas irregularidades en la adquisición de material sanitario durante la pandemia, junto a su excolaborador y el empresario Víctor de Aldama.
Este último, que prestó declaración la semana pasada, intentó involucrar a otros miembros del Gabinete, como María Jesús Montero y Ángel Víctor Torres, e incluso al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y también sugirió una posible financiación ilegal del PSOE.
Ábalos, en cambio, se limitó a rechazar las acusaciones y a denunciar una persecución por parte de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, sin señalar a ninguno de sus antiguos colegas del Consejo de Ministros ni relacionar los hechos con las finanzas del partido.
Un caso acotado a personas específicas
Desde el estallido del escándalo, en el Gobierno han tratado de marcar distancias, encuadrándolo en el ámbito del PSOE y no en el de Moncloa, y concretándolo en un "triángulo tóxico" integrado por Ábalos, Koldo y el exsecretario de Organización Santos Cerdán, que no figura como investigado en esta primera pieza, aunque sí aparece en procedimientos paralelos por el presunto cobro de comisiones irregulares ligadas a contratos de obra pública.
En esta línea, fuentes gubernamentales subrayan que el testimonio de Ábalos ante el TS ha dejado "negro sobre blanco" que no existe una red de corrupción estructural en las instituciones, sino que las supuestas ilegalidades habrían sido obra de individuos concretos.
En el Ejecutivo recalcan su rechazo a este tipo de conductas y se muestran favorables a que los tribunales impongan las sanciones que correspondan si así se acredita. Los socialistas, remarcan, mantendrán su colaboración con la Justicia para el total esclarecimiento de lo ocurrido.
Responsabilidades políticas ya asumidas
En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros de este martes, el ministro Félix Bolaños evitó valorar en detalle la declaración de Ábalos y recordó que, en esta fase del procedimiento, con el juicio oral en marcha, el Gobierno debe limitarse a "respetar las decisiones judiciales que allí se están adoptando" y también "las declaraciones de las distintas partes".
"Ahora es el momento en el que le toca al Supremo determinar la culpabilidad o la inocencia de los acusados", ha recalcado, antes de insistir en que el PSOE ya "adoptó medidas contundentes e inmediatas" --apartando a Ábalos, Koldo y Cerdán, a los que no ha mencionado-- "ante los primeros indicios de comportamientos irregulares".
"Adoptamos medidas para apartar a estos señores que hoy están acusados, para apartarles del partido y de la militancia", ha añadido, subrayando que se actuó "con mucha agilidad y contundencia".
Por ello, al ser cuestionado sobre si las responsabilidades políticas están ya agotadas o deberían asumirse otras adicionales en caso de una eventual sentencia condenatoria, Bolaños reiteró que ahora es el turno de la Justicia, porque cuando correspondía tomar "decisiones políticas" estas se adoptaron y se les "separó de sus puestos en el PSOE".