El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), Luis Planas, ha salido este jueves en defensa del procedimiento extraordinario de regularización de inmigrantes, frente a las solicitudes presentadas ante el Tribunal Supremo (TS) que reclaman su suspensión cautelar. Según ha explicado, el mecanismo se ha diseñado de forma adecuada, incorporando las recomendaciones formuladas por el Consejo de Estado.
“Todo lo que hemos hecho es rigurosamente legal”, ha subrayado Planas ante los medios de comunicación en El Ejido (Almería), donde ha mantenido un encuentro con integrantes de la candidatura socialista al Parlamento andaluz y con la militancia, en el contexto de las elecciones autonómicas del próximo 17 de mayo.
El titular de Agricultura ha recalcado que la medida tiene “lógica” desde la óptica administrativa, económica, moral y ética. A su juicio, “no podemos tener personas en situación administrativa irregular entre nosotros” y, al mismo tiempo, “nos hace falta gente que nos ayude en determinados sectores y particularmente en la agricultura”. Ha remarcado además que este procedimiento permite “tratar a las personas como personas”.
En su intervención, Planas ha pedido también reflexionar sobre la emigración española de las décadas de los 60 y 70 hacia otros países europeos. “¿Lo hacían en situación regular con los convenios de migración, por ejemplo el alemán del año 63? No”, ha recordado, insistiendo en que una parte muy significativa de la inmigración actual está formada por “mucha gente honesta que se busca la vida en nuestro país”.
El ministro ha puesto el foco en el impacto que esta regularización puede tener en actividades como la agricultura, al considerar que la inmigración “une por una parte la necesidad de trabajar y de buscar un ingreso y nuestra necesidad de tener gente dispuesta pues a participar en las tareas” propias del sector primario.
En esta línea, ha señalado que en las dos últimas campañas del olivar “muchos empresarios” andaluces le han trasladado su “dificultad de encontrar personas” para la recogida, una problemática que, según ha indicado, también se repite en Huelva con los frutos rojos, donde se ha producido una situación semejante “a lo largo de los últimos años”.
“Se trata en definitiva de personas que buscan trabajar, nosotros buscamos trabajadores y hay que tratarlas dentro de la ley y con respeto: ellos respetar las normas de nuestro país y nosotros respetar su condición de trabajadores y las normas correspondientes”, ha concluido.