QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
El PP ha presentado en el Congreso una proposición no de ley con la que pretende asegurar que el Gobierno cumpla de forma efectiva con las obligaciones de publicidad activa, al tiempo que lanza un desafío al PSOE y a sus actuales socios parlamentarios para que subsanen las carencias de la ley de transparencia que ellos mismos denunciaron cuando el Ejecutivo de Mariano Rajoy la sacó adelante hace doce años.
La propuesta, que será debatida y sometida a votación en la Comisión de Hacienda y Función Pública, insta al Ejecutivo a velar por el cumplimiento de todas las exigencias legales de publicidad activa, tanto en el Portal de Transparencia de la Administración General del Estado como en las páginas de las diferentes entidades que integran el sector público institucional estatal.
En concreto, el PP reclama que se aproveche la puesta en marcha del nuevo Portal de Transparencia anunciado por el presidente para recuperar un apartado, actualizado de forma periódica, que permita a la ciudadanía consultar de manera agregada el conjunto de iniciativas normativas que el Gobierno de España esté tramitando a través de sus distintos ministerios.
El texto, recogido por Europa Press, también plantea que ese espacio facilite la participación ciudadana en los distintos momentos del procedimiento en los que la ley contempla la posibilidad de recabar opiniones y aportaciones.
Críticas al uso de la ley de Transparencia
En la exposición de motivos, el Grupo Popular recuerda que en 2013 el Congreso dio luz verde a la primera Ley de Transparencia de la historia de España, promovida por un Gobierno de Mariano Rajoy y aprobada pese al voto en contra de PSOE, Izquierda Plural, Compromís, Amaiur o BNG, que tildaron la norma de “acto fallido político”, “oportunidad perdida”, “insuficiente”, que nacía “muerta” o que se quedaba “corta”.
Más de diez años después, el PP subraya que las formaciones que entonces utilizaban esos calificativos llevan más de seis años sosteniendo al Gobierno de España “y no han utilizado su mayoría parlamentaria para reforzar la ley, mientras que los hechos demuestran que están haciendo un deficiente incumplimiento de la misma”.
La iniciativa cita una evaluación realizada en 2024 por el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno sobre el grado de cumplimiento de las obligaciones de transparencia de las entidades del sector público estatal, que fija la media de cumplimiento de la publicidad activa en el 45%, y señala que por debajo de ese porcentaje se sitúan organismos como el CSIC, el Instituto Cervantes, Red.es, Puertos del Estado, el IDAE, Turespaña, Ingesa o el INSS.
Asimismo, menciona otra evaluación de 2023 sobre el nivel de cumplimiento de las obligaciones de publicidad activa de la Administración General del Estado a través del Portal de Transparencia, en la que se detectó un grado de cumplimiento de apenas el 50% en la información de relevancia jurídica.
Un Portal de Transparencia cuestionado
Según ese informe, “todas las informaciones reconducen a la búsqueda por ministerios, lo que no facilita una información agregada”, y se apunta que “debería abordarse una depuración de la información publicada, eliminando registros que carecen de vigencia y que, además, entorpecen el acceso a la información”.
La PNL del PP sostiene que estas carencias se concentran especialmente en la información sobre normas en tramitación y afirma que, en la práctica, el actual Portal de Transparencia resulta “absolutamente inútil” para dar cuenta de la actividad normativa que desarrolla el Gobierno de España.
Como contraposición, el PP destaca que comunidades autónomas en las que gobierna, como Madrid, Galicia, Andalucía, Castilla y León o la Región de Murcia, “mantienen espacios actualizados que permiten conocer en conjunto las iniciativas normativas y participar en los distintos momentos del trámite”.
