QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
La Comisión de Justicia del Congreso ha dado luz verde este miércoles por la noche a la reforma penal promovida por Junts para endurecer el castigo a la multirreincidencia, una de las condiciones planteadas al Gobierno de Pedro Sánchez. La iniciativa ha salido adelante gracias a los votos de PP, PSOE, Vox y PNV, mientras que Sumar y socios del Ejecutivo como Bildu y Podemos se han posicionado en contra y ERC ha optado por abstenerse.
Se trata de una proposición de ley que modifica el Código Penal y la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim). Junts la registró en marzo del año pasado y el Pleno del Congreso acordó su toma en consideración medio año después. Sin embargo, la tramitación quedó encallada durante meses, prorrogándose semanalmente el plazo para presentar enmiendas parciales sin que se produjeran avances sustanciales.
Las enmiendas se registraron finalmente en marzo de este año, pero el texto volvió a quedar paralizado, ya que los socios de izquierda del Gobierno habían manifestado su rechazo a la orientación de la reforma, que sí reclamaban PP y Vox. Tras la ruptura del diálogo anunciada por Junts, el PSOE aceptó reactivar el expediente y, en cuestión de días, la norma ha quedado lista para su remisión al Pleno para su aprobación definitiva.
Junts defiende la reforma y niega el populismo
Durante el debate, la diputada de Junts Marta Madrenas ha defendido la propuesta, rechazando que se trate de una iniciativa «populista» y remarcando que la finalidad es combatir la «frustración» y la sensación de desamparo que generan en la ciudadanía los hurtos reiterados que quedan impunes.
El portavoz del PNV, Mikel Legarda, ha insistido en que el refuerzo de las penas por multirreincidencia responde a una demanda «transversal» que no puede encasillarse en bloques ideológicos de izquierda o derecha, y ha pedido abordar este debate con calma y sin caer en discursos alarmistas.
Para la diputada socialista Mercè Perea, la reforma ejemplifica «la política útil» y permite dar respuesta a las reclamaciones de vecinos y ayuntamientos. «Nuestro modelo de seguridad es progresista, público y universal, que entiende la seguridad como un bien público esencial –ha proclamado–. Con esta ley, la multireincidencia tiene los días contados».
Desde el PP también han celebrado la aprobación de una norma contra la multirreincidencia, al considerar que «la comisión repetitiva de hurtos, estafas, pequeños robos por parte de individuos genera en la ciudadanía alarma social y sensación de impunidad ante el delito, desbordando los sistemas judicial y policial y generando inseguridad a la ciudadanía». Santi Rodríguez ha recordado, no obstante, que el Grupo Popular ya había impulsado una reforma en la misma línea que quedó igualmente aparcada.
Vox la respalda; Sumar, Bildu y Podemos la rechazan
Vox ha mostrado su respaldo a la reforma, que «va en la dirección» que defiende el partido, esto es, «mayor severidad frente al hurto leve y más supuestos agravados». «Vox no ha venido aquí a maquillar una mala ley. Ha venido a obligar a este Parlamento a mirar de frente el problema y acabar con la impunidad», ha señalado Carina Mejías.
En la otra orilla, el portavoz de Justicia de Sumar, Enrique Santiago, ha denunciado que la norma supone una deriva punitivista y genera penas desmedidas, a su juicio para satisfacer las exigencias de Junts en su pulso con la extrema derecha catalana, criticando que el PSOE se haya alineado con esta estrategia.
Jon Iñarritu, de Bildu, ha avanzado su voto contrario porque la ley «no es ni proporcional ni eficaz, ni garantista», alertando de que «endurecer de penas rompe el equilibrio y la respuesta punitiva», tal y como ha reconocido el Tribunal Constitucional. «No puede castigarse como si fuera grave lo que no es», ha resumido.
En la misma línea, Martina Velarde, de Podemos, ha rechazado la reforma al entender que es «una propuesta para alimentar los relatos racistas y xenófobos de la extrema derecha, también para perseguir y aplicar manos duras con el robagallina, mientras que los verdaderos criminales siguen absolutamente impunes».
Esquerra Republicana ha decidido abstenerse. La diputada Pilar Vallugera ha lamentado que «la derecha y la ultraderecha han conseguido poner un marco referencial en nuestros ciudadanos» en torno a la inseguridad, y ha avisado de que esta ley generará unas expectativas que no se cumplirán, alimentando la frustración y la percepción de que los legisladores resultan incompetentes.
Claves de la nueva regulación penal
El texto de Junts establece que, cuando el valor de lo sustraído no supere los 400 euros, se impondrá una multa de uno a tres meses. No obstante, el hurto podrá castigarse con pena de prisión de uno a tres años si concurren determinadas circunstancias, como haber sido condenado de forma firme por otros tres delitos menos graves.
Además, se introduce un agravante específico para endurecer la respuesta penal cuando se hurte un teléfono móvil u otro dispositivo informático que contenga datos personales. Este supuesto no será aplicable a los casos de sustracción de terminales nuevos en establecimientos comerciales.
En otra enmienda acordada con PP, PSOE y PNV, se amplía el esquema de la multirreincidencia a los delitos de estafa con ánimo de lucro, «cuando se utilizaren engaño bastante para producir error en otro». Para graduar la pena se valorará el importe defraudado, el perjuicio económico para la víctima, la relación entre esta y el autor, los medios empleados y cualquier otra circunstancia relevante para medir la gravedad de la infracción.
Una modificación pactada con el PSOE y el PNV permite también imponer de forma cautelar al investigado «la prohibición de acudir a determinados lugares, barrios, municipios, provincias u otras entidades locales, o comunidades autónomas, o de aproximarse o comunicarse, con la graduación que sea precisa, a determinadas personas».
Por último, mediante una enmienda ‘in voce’ respaldada por PP, PNV y Junts, se fija una pena de prisión de uno a cinco años para el denominado ‘petaqueo’, que «resta apoyo logístico a las narco lanchas» al sancionarse «la adquisición, tenencia, depósito, almacenamiento, transporte, o suministro, con temeridad manifiesta, de cualquier forma de combustibles líquidos» en contra de las leyes o disposiciones generales.
Tras superar el trámite en la Comisión de Justicia, la reforma se elevará ahora al Pleno del Congreso para su debate y votación finales, previsiblemente en una de las primeras sesiones ordinarias de enero o febrero. Superado ese paso, el texto será remitido al Senado para culminar su tramitación parlamentaria.
