QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
La vicesecretaria de Sanidad y Política Social del Partido Popular, Carmen Fúnez, declaró este jueves que el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, está incapacitado para cumplir con sus obligaciones constitucionales mientras continúe imputado y deba sentarse en el banquillo de los acusados, a la espera de que el Tribunal Supremo le juzgue por un presunto delito de revelación de secretos cometido contra Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.
En respuesta a las preguntas de los periodistas a las puertas de la sede nacional del PP, Fúnez criticó la defensa que realizó el ministro de Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, sobre la plenitud de facultades para que García Ortiz participe junto al Rey en la próxima apertura del año judicial porque tiene plenitud de facultades.
Fúnez recordó que la postura de su partido quedó absolutamente clara desde el principio el martes en la Diputación Permanente del Congreso, donde solicitaron sin éxito la comparecencia de Bolaños ante los parlamentarios para explicar por qué no se cesaba al fiscal general del Estado, que por primera vez y por supuesto es incomparable con ningún otro país de la Unión Europea, ningún otro país democrático del mundo, está imputado y se tiene que sentar en el banquillo de los acusados.
Consecuentemente, la dirigente del PP sostiene, al igual que todos los españoles, que el fiscal general del Estado está incapacitado para cumplir con las obligaciones constitucionales que tiene. Decía Bolaños que estaba pleno de facultades y también está pleno en la imputación que lo sienta en el banquillo. Por lo tanto, creemos que una cosa pesa mucho más que la otra y, desde luego, entendemos que las capacidades del fiscal general están inhabilitadas mientras que esa imputación siga pendiente, ha agregado.
Preguntada por el mantenimiento de contratos del Gobierno central con la empresa del empresario Carlos Barrabés, socio en la Universidad Complutense de la mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez en la Universidad Complutense e imputado, como ella, por tráfico de influencias y corrupción en los negocios, Fúnez ha afirmado que este hecho viene a responder claramente al plan contra la corrupción que anteayer presentó y aprobó el Consejo de Ministros.
Claramente no tienen una vocación clara de terminar con la corrupción en nuestro país, sino que por el contrario han hecho de ella una actitud habitual del Gobierno de España, ha agregado.
La vicesecretaria de Sanidad y Política Social del Partido Popular ha indicado que a la imputación de Begoña Gómez y Álvaro García Ortiz hay que añadir la del hermano del presidente, David Sánchez, que está siendo investigado por la presunta adjudicación irregular de un puesto de trabajo en la Diputación de Badajoz y ha sido procesado por prevaricación administrativa y tráfico de influencias, lo que ha llevado a la apertura de juicio oral.
Además, hay 22 altos cargos del Gobierno de Sánchez que están imputados. Tiene ya más imputados a su alrededor que miembros del Consejo de Ministros, siendo el Consejo más amplio y más grande de la democracia. Creo que la corrupción forma parte del día a día del sanchismo, por desgracia, en nuestro país, ha zanjado Carmen Fúnez.
