Este vienrnes, a las 9.30 de la mañana, el presidente del Partido Popular del País Vasco, Javier De Andrés, preguntará al Lehendakari del gobierno vasco, Imanol Pradales, por la concesión de terceros grados a presos de ETA otorgados por la consejería de justicia y derechos del gobierno vasco en manos de la consejera socialista, María Jesús San José.
Este iniciativa parlamentaria coincide con las recientes concesiones de los presos de ETA Txeroki, Asier Arzalluz y Carasatorre. Tres ejemplos de los últimos beneficios penitenciarios concedidos por el gobierno vasco a presos de ETA -explican fuentes del PP vasco a Democrata- que, en muchos casos están siendo recurridos por la Fiscalía.
El caso de Mikel Garikoitz Aspiazu Rubina, alias Txeroki, este preso de la banda terrorista ETA fue condenado por 20 delitos de asesinato terrorista en grado de tentativa y un delito de estragos terroristas por el intento de atentado contra la teniente de alcalde de Portugalete Esther Cabezudo, por lo que recibió una condena de 337 años de prisión.
Según los últimos datos del Observatorio de Política Penitenciaria de la AVT, con bases del Departamento de Justicia y DDHH del Gobierno Vasco, en estos momentos hay 141 terceros grados (28 antes de la transferencia de la competencia a Euskadi y 113 después); se han dado 60 libertades condicionales (7 antes de la transferencia a Euskadi y 53 después), hay 33 casos de libertades por cumplimiento. Asimismo -revela la AVT-, desde la competencia en Euskadi, se ha gestionado desde el Gobierno vasco 30 aplicaciones del artículo 100.2 a presos de ETA (datos a junio de 2025, que son los últimos que hay -remaraca este asociación-, aunque ya se ha pedido actualización).
La AVT envía una carta al presidente del Gobierno
El 6 de febrero de este año, la Asociación de Víctimas del Terrorismo editaba un comunicado recalcando cómo la actual política penitencia está dejando atrás a las víctimas. Poco más tarde, escribía otra carta al presidente del Gobierno y al ministro de Exteriores, para preguntarles si es cierto, como se ha publicado en distintos medios de comunicación, si no se va renovar la presencia de ETA en la lista de organizaciones terroristas de la Unión Europea, a cambio de apoyos parlamentarios.
Para la AVT, desde hace años, las víctimas del terrorismo asisten con estupor a la excarcelación progresiva de los asesinos de sus seres queridos o de quienes les causaron secuelas irreparables, sin haber cumplido íntegramente sus condenas. Desde febrero de 2022 -señalan-, apenas cuatro meses después del traspaso de las competencias en materia penitenciaria al Ejecutivo vasco, 93 presos de ETA han sido progresados a tercer grado.
Sospechas de un plan preestablecido con las directrices de ETA
Sin embargo -apuntan en su comunicado-, "estos hechos no son aislados ni fruto del azar, sino una fase más de una estrategia cuidadosamente diseñada para vaciar las cárceles. En ella -afirman- han participado tanto responsables del Gobierno central y del Gobierno vasco como quienes han marcado las directrices al colectivo de presos de ETA".
El punto de partida -continúa la posición de la AVT-, "puede situarse en los años 2017 y 2018. El 1 de junio de 2018, tras prosperar una moción de censura, Pedro Sánchez accedió a la presidencia del Gobierno. Pocos días después, el 26 de junio, compareció ante los medios tras una sesión del Consejo Europeo y, en respuesta a una pregunta, afirmó: “ETA fue derrotada por la democracia y, en consecuencia, lo que tenemos que plantear como Gobierno (…) es revisar la política penitenciaria y adecuarla a una nueva realidad, siendo empáticos, por supuesto, con las víctimas del terrorismo”.
A partir de ahí -añaden-, los pasos fueron conocidos. En primer lugar, la derogación de la política de dispersión. Así ocurrió entre el 13 de septiembre de 2018 y el 24 de marzo de 2023, momento en el que Instituciones Penitenciarias aprobó 382 traslados de presos de ETA, con el resultado de que actualmente todos se encuentran en las tres cárceles del País Vasco y en la de Navarra. Y, en segundo lugar -señalan-, la cesión de las competencias penitenciarias al Gobierno Vasco, efectiva desde el 1 de octubre de 2021".
"Una legilación penitenciaria laxa"
Paralelamente, en julio de 2017, tras su último debate interno, el colectivo de presos de ETA -rubrica la AVT-, presentó un documento de conclusiones en el que fijaba la hoja de ruta para alcanzar la excarcelación de sus miembros mediante una estrategia jurídica previamente definida. En dicho documento se establecen los pasos a seguir conforme a la legalidad vigente, pero dejando claro que “no aceptaremos ningún paso que pueda ir en contra del carácter de nuestra militancia política o que pueda ser utilizado políticamente para dañar el proceso de liberación. Que nadie nos pida ni el arrepentimiento político ni la colaboración para encarcelar o alargar las condenas de otros compañeros”.
Sobre estas afirmaciones, la hoja de ruta estaba clara -apostilla la AVT-; solo hacía falta que alguien la ejecutara. Y eso es exactamente lo que ha ocurrido desde entonces: acercamientos a cárceles vascas, cesión de competencias para implantar un nuevo modelo penitenciario, progresiones a tercer grado para quienes cumplen formalmente los requisitos legales, flexibilizaciones para quienes no los cumplen y concesión de libertades condicionales". "Como consecuencia -surayan-, en la actualidad solo el 40 % de los presos de ETA (59 de un total de 148) cumple condena de forma continuada en cárceles españolas, sin salidas al exterior.
Ante esta situación -concluye la Asociación de Víctimas del Terrorismo-, "las víctimas del terrorismo se preguntan si todo esto es legal. Y, aunque resulte difícil de comprender -defiende- lo es, porque la legislación penitenciaria es tan laxa que permite estas decisiones, sin que además las víctimas tengan posibilidad alguna de recurrirlas".