Sumar intenta desbloquear de forma definitiva la tramitación de la ley que reconoce la nacionalidad española a saharauis nacidos bajo la antigua administración española, y trata de implicar al PSOE en un pacto con el resto de fuerzas de izquierda mediante una batería de cambios consensuados sobre el texto original.
El Pleno del Congreso dio luz verde a la tramitación de esta iniciativa de Sumar en abril de 2025, pese a la oposición del PSOE, que se posicionó en contra en la votación de toma en consideración. Las enmiendas parciales de los distintos grupos se registraron en mayo del año pasado, pero la ponencia encargada de debatirlas no se constituyó hasta el pasado martes. Está previsto celebrar una nueva sesión para intentar cerrar un acuerdo sobre las modificaciones a la ley, aunque por el momento no se ha fijado fecha.
Fuentes parlamentarias subrayan que el PSOE mantiene una postura ambigua. Recuerdan que ya expresó sus reservas al considerar que este asunto corresponde al ámbito del Gobierno, pero ahora tiene la posibilidad de sumarse al pacto gracias a la propuesta de enmiendas de Sumar. El grupo socialista, no obstante, votó en contra de la toma en consideración de la proposición de ley promovida por la formación plurinacional.
En cualquier caso, estas fuentes confían en que la ponencia vuelva a reunirse en mayo y que para entonces haya avances significativos, es decir, un acuerdo entre las fuerzas progresistas que permita sacar adelante el texto.
A través de su portavoz de Justicia, el dirigente de IU Enrique Santiago, Sumar ya ha trasladado al PSOE y a otros grupos de izquierda como Bildu y ERC un paquete de enmiendas transaccionales para introducir cambios en la norma, documento al que ha tenido acceso Europa Press.
Propuestas comunes con PSOE, ERC y Bildu
Entre las modificaciones planteadas se precisa que los potenciales beneficiarios de esta nacionalización serán las personas nacidas en el Sáhara Occidental entre el 10 de enero de 1958 y el 11 de agosto de 1977, incluso si no cuentan con residencia legal en España, así como una serie de aclaraciones sobre la documentación necesaria para acreditar dicha condición.
Asimismo, Sumar plantea como punto de encuentro que la solicitud de nacionalización pueda presentarse durante un plazo máximo de tres años desde la entrada en vigor de la ley.
El grupo plurinacional propone además al PSOE una enmienda conjunta que fija que la norma comenzará a aplicarse seis meses después de su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE).
En paralelo, se ofrece a ERC una transaccional para añadir una disposición adicional relativa a la nacionalidad por carta de naturaleza de los saharauis nacidos bajo soberanía española. Esta disposición establece que, en el plazo máximo de un año, se desarrollará y pondrá en marcha una aplicación informática específica que agilice y facilite la tramitación de esta vía de acceso a la nacionalidad.
Sumar también propone acordar una enmienda concreta dirigida a los menores saharauis acogidos por familias españolas por motivos de estudio, con el objetivo de ampliar las medidas de apoyo cuando alcancen la mayoría de edad.
En esta oferta de enmiendas transaccionales no se han incorporado las propuestas del PP, al entender que su orientación es distinta, aunque desde Sumar confían en que los populares mantengan su disposición a respaldar la ley en su conjunto.
Mayoría suficiente incluso sin el apoyo del PSOE
Durante esta semana, la diputada de Más Madrid en el Congreso, Tesh Sidi, afirmó que se iban a “remangar” en las negociaciones para sacar adelante esta ley y que van a “presionar” al PSOE porque saben que “la norma no les es cómoda”.
Salvo PSOE, Junts y Vox, el resto de grupos parlamentarios se reunieron con el Frente Polisario para impulsar esta normativa, después de que las personas apátridas quedaran excluidas del proceso de regularización extraordinaria de migrantes.
En ese encuentro se acordó reactivar la proposición de ley que permite conceder la nacionalidad a saharauis. Desde Sumar se advirtió entonces de que, con o sin el respaldo del PSOE, existe una mayoría parlamentaria suficiente para aprobar la norma.