Sumar, socio minoritario del Gobierno de coalición, ha registrado una iniciativa para que el Congreso reclame al Ejecutivo iraní la puesta en libertad "inmediata" de las personas arrestadas en las últimas semanas por acusaciones de espionaje, sabotaje o disidencia, así como la adopción de una moratoria en la aplicación de la pena capital.
La propuesta, formulada como proposición no de ley para su discusión en la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso, subraya que, desde el inicio de los ataques de Estados Unidos e Israel el pasado febrero, las autoridades de Teherán han aprovechado el escenario de guerra para "intensificar" de manera "drástica" la represión interna.
En este contexto, Sumar recuerda que en cuestión de semanas más de un millar de personas han sido arrestadas bajo cargos de espionaje, sabotaje o disidencia, en una operación que, según el grupo que lidera Yolanda Díaz, se ha dirigido principalmente contra ciudadanos con lazos con la oposición en el exilio o señalados como supuestos colaboradores de Estados Unidos o Israel.
Denuncia del deterioro en las cárceles y del aumento de ejecuciones
La formación también alerta de que las condiciones en los centros de detención se han degradado "de forma extrema", con la suspensión de las visitas de familiares y la ausencia de atención sanitaria adecuada. A ello suma la creciente militarización de las prisiones, el fuerte repunte de las desapariciones forzadas —con traslados a centros secretos bajo control de la Guardia Revolucionaria— y un incremento "sin precedentes" en el número de ejecuciones.
Según detalla la proposición, desde el arranque del conflicto se ha acentuado esta dinámica, con "al menos nueve presos políticos ejecutados en pocos días con cargos de naturaleza política o de seguridad del Estado", lo que, a juicio de Sumar, demuestra "un uso deliberado de la pena de muerte como instrumento de represión política al amparo de la guerra".
Ante este escenario, el grupo parlamentario plurinacional de Sumar pretende que el Congreso adopte una posición clara y exhorte al Gobierno iraní a decretar una moratoria sobre la pena capital "mientras no existan garantías jurídicas y procesales" reconocidas a nivel internacional, en particular por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
Además, el texto reclama que el Ejecutivo español inste a Irán a liberar sin demora a todas las personas detenidas por ejercer derechos fundamentales amparados por el derecho internacional, entre ellos la libertad de expresión y el acceso a la información, y a poner fin a las detenciones "arbitrarias" vinculadas al contexto bélico actual.