Representantes de Sumar y Podemos han coincidido este martes en manifestar que el proceso legal contra Álvaro García Ortiz, fiscal general del Estado, es un acto más de ‘lawfare’ o guerra judicial contra el Ejecutivo. Según afirmaron, este juicio también busca ocultar los «actos corruptos» que supuestamente involucran a Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid.
En una conferencia en el Congreso, Alberto Ibáñez, diputado de Compromís, afirmó que su grupo ha sido explícito en su postura respecto al juicio por presunta revelación de secretos y enfatizó que se opondrán al lawfare en España, describiendo el proceso como parte de una estrategia de desestabilización del gobierno.
Por su parte, el representante de Sumar criticó que el PSOE no cuestiona la judicatura cuando sus propias figuras están implicadas, sugiriendo un doble estándar en su actuación. “Parece ser que ahora, cuando se ven implicados cargos suyos o figuras relevantes del Estado que ponen en riesgo al presidente del Gobierno, asumen que hace demasiado tiempo que hay jueces jugando a hacer política y a derribar gobiernos”, señaló.
Tesh Sidi, diputada de Más Madrid, describió el juicio contra García Ortiz como un hecho sin precedentes en la democracia española y criticó que la Fiscalía termine acusada por realizar su labor. Además, mencionó que la fiscalía ha estado investigando el manejo de fondos de la sanidad madrileña, añadiendo que los delitos imputados a González Amador, pareja de Ayuso, son muy graves y que Ayuso ha usado recursos para protegerlo. “Va a ser muy difícil que se presente a las próximas elecciones autonómicas con un novio en la cárcel”, concluyó.
Ione Belarra, secretaria general de Podemos, también expresó que el juicio es un caso emblemático de lawfare destinado a encubrir el escándalo de corrupción que rodea a Ayuso y su pareja. “La Comunidad de Madrid está gobernada por un clan de corrupción, por el clan Ayuso, y no hay caso de lawfare suficientemente grande para tapar su corrupción”, declaró Belarra, quien además acusó a Ayuso de beneficiarse personalmente de la corrupción.
















