Sumar juzga insuficiente la iniciativa del PSOE de castigar vía IRPF a los propietarios que decidan incrementar las rentas del alquiler, al considerar que dicha medida solo recorta un “privilegio fiscal”, y vuelve a insistir en la necesidad de aprobar una prórroga extraordinaria de los contratos de arrendamiento que expiran este año para mantener congelados los precios.
“Los caseros ya disfrutan de un 50% de rebaja en el IRPF, por lo que desincentivar fiscalmente por subidas del alquiler solo es una reducción del privilegio fiscal”, han lanzado el socio minoritario de la coalición.
Además, subraya que la propuesta del PSOE “no es nueva” y que ya se había puesto sobre la mesa durante las negociaciones entre ambas partes del Gobierno. En aquel momento, Sumar dejó claro que su única opción pasaba por una moratoria extraordinaria de los alquileres, al entender que los estímulos fiscales “no tienen capacidad para frenar la espiral alcista” de los últimos cinco años, con incrementos superiores al 40% en los precios del alquiler.
Un impacto meramente “cosmético” en el IRPF
Con estos cálculos, la parte minoritaria del Ejecutivo sostiene que la penalización o bonificación en el IRPF “seguirá siendo cosmético y sin capacidad real para aliviar la carga de los inquilinos”.
Incluso sostiene que el planteamiento del PSOE resulta “injusta” y critica que esta estrategia vuelve a centrar la atención en los intereses del arrendador, cuando es “urgente” proporcionar “certidumbre, estabilidad y facilidades al inquilino”.
“La solución a esta crisis de vivienda no puede partir de la voluntariedad de una parte. En este caso, de la buena voluntad del casero”, ha avisado Sumar, defendiendo que la prórroga extraordinaria de los contratos sí ofrece a los inquilinos “fuerza negociadora para un potencial acuerdo con los caseros para poder renovar el alquiler sin una subida desproporcionada”.
Como ejemplo, recuerdan que en 2021 se formalizaron 632.369 contratos que podrían tener que renegociarse en 2026, en un contexto de mercado un 40% más caro que entonces. Los 632.369 contratos con vencimiento en 2026 afectarían a más de 1,6 millones de personas, una cifra que se elevaría a casi 2,7 millones si se incluye también a quienes podrían ver finalizado su contrato en 2027.