QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
Este jueves, la Comisión de Defensa del Congreso debatirá y votará una propuesta de Sumar que insta al Gobierno a revelar un calendario para reemplazar los programas militares que fueron suspendidos debido al veto al comercio de material militar con Israel, en respuesta a los ataques en la Franja de Gaza.
A principios de octubre, el Congreso aprobó un embargo sobre la compraventa de material militar a Israel, adoptado por el Ejecutivo como una forma de presión hacia Tel Aviv durante la ofensiva en el enclave palestino, calificada por el Gobierno como “genocidio”. Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, afirmó que este veto al comercio militar con Israel ya se estaba aplicando de facto desde el 7 de octubre de 2023.
Antes de implementar estas medidas, el Ministerio de Defensa había anunciado un “plan de desconexión” de la industria militar israelí, buscando reemplazar los productos israelíes sin comprometer las capacidades de las Fuerzas Armadas. No obstante, existían incertidumbres sobre algunos materiales de Inteligencia, equipamiento o tecnología, debido a una “dependencia” reconocida por el Ministerio. Sin embargo, en septiembre, la ministra de Defensa, Margarita Robles, declaró concluida la relación industrial con Israel en materia de defensa.
MISILES ANTICARRO, LANZACOHETES Y SISTEMAS DE COMBATE AÉREO
En una iniciativa presentada en el Congreso, Sumar enfatiza la cancelación de contratos como el de los 168 sistemas de misiles anticarro Spike LR2, valorados en 237 millones de euros, adjudicados a PAP Tecnos Innovación SAU; el contrato del sistema lanzacohetes SILAM, por 576 millones, con Elbit Systems de Israel; y un acuerdo por sistemas de combate aéreo por 207 millones, otorgado a Rafael.
Consecuentemente, Sumar exige que el Gobierno publique, lo antes posible, un cronograma completo para la sustitución de todos los programas de seguridad y defensa asociados con bienes, tecnologías o patentes israelíes. Adicionalmente, solicita que al menos el 80% de los fondos destinados a programas de defensa se ejecuten en España y el 90% en la Unión Europea. El Ejecutivo, en abril, aprobó un plan industrial de defensa dotado con 10.471 millones de euros, para lograr el 2% del PIB en este sector.
