El portavoz adjunto de Sumar en el Congreso, Enrique Santiago, ha subrayado este martes que la imputación del expresidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero por el 'caso Plus Ultra' no debería repercutir en el acuerdo de Gobierno. “Es un asunto interno del PSOE”, ha remarcado.
En declaraciones en los pasillos de la Cámara Baja, Santiago ha sido preguntado por la posibilidad de que el pacto de coalición se viera afectado si surgieran nuevas informaciones sobre Zapatero. “Que yo sepa, Zapatero no forma parte del Gobierno y, mientras no afecte al Gobierno, no es algo que debamos plantearnos”, ha reiterado.
En esta línea, ha defendido que cualquier persona ajena al Ejecutivo que haya podido incurrir en conductas contrarias a la ley debe responder ante la justicia ordinaria, “pero no dar cuentas políticas”.
El también portavoz de IU en el Congreso ha señalado que, si la justicia, de manera “independiente”, aprecia que “efectivamente” existen hechos que podrían no ajustarse al Código Penal, estos tienen que ser objeto de investigación. No obstante, ha confesado que le resulta llamativo que el primer expresidente del Gobierno imputado en España sea precisamente Zapatero.
Comparación con otros expresidentes
En este contexto, ha proseguido, sobre todo le sorprende “cuando no se ha imputado al antiguo jefe del Estado, que es presuntamente responsable de los constantes delitos de índole fiscal y de delitos que tienen que ver con contratos o con cobro de comisiones, ni a M. Rajoy ni a otros expresidentes que habitualmente han realizado tareas de intermediación con grandes empresas, como Aznar o González”.
“Personalmente me llama la atención que Zapatero sea el primer expresidente imputado”, ha insistido el diputado de Sumar, que ha reclamado “máxima prudencia” y aguardar a conocer con detalle cuáles son los hechos concretos que se le atribuyen y qué elementos probatorios los respaldan.
Aun así, Santiago ha puesto de relieve que la normativa sobre altos cargos y la regulación del funcionamiento de las oficinas de los expresidentes del Gobierno “en absoluto establece ninguna incompatibilidad con la realización de actividades civiles o mercantiles”.
En su opinión, “lo que no puede ser es que en este país las actividades comerciales y mercantiles puedan realizarlas con toda tranquilidad personas vinculadas a fuerzas políticas de la derecha --hay diputados en activo que además tienen actividades particulares-- y, sin embargo, cuando estas actividades las realizan personas destacadas en el ámbito de la izquierda, automáticamente se pretenda equiparar eso a irregularidades”, ha denunciado.