El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha reclamado este viernes “seguir avanzando en derechos” y plantar cara “con la palabra” a quienes pretenden que España dé marcha atrás en esas conquistas.
En esta línea, ha censurado al PP por su voto “lamentable” contra el decreto de vivienda en el Congreso, una norma destinada a garantizar un “mayor acceso” a la vivienda y a que “no se encarezca ese derecho constitucional”. Según ha remarcado, “votaron en contra y no aplaudieron, porque no se puede unir lo que es un peso de conciencia con algo que va en contra de la mayoría social”.
Torres ha realizado estas declaraciones ante los medios durante su participación en la manifestación del ‘Día Internacional del Trabajo’, donde ha señalado que la sociedad atraviesa un “momento relevante” por la presencia de gobiernos “de otros colores políticos”, aludiendo a los ejecutivos de PP y Vox en Extremadura, que han decidido suprimir ayudas públicas a los sindicatos.
Frente a esas decisiones, ha reivindicado que “nosotros todo lo contrario, los sindicatos y todas las organizaciones que defiendan a los y a las trabajadoras merecen y se debe exigir con contundencia el apoyo desde lo público”, recordando que el Gobierno central ha llevado al Constitucional a Baleares por la modificación de la ley de memoria histórica.
El ministro ha insistido en que las instituciones deben “reconocer a la mayoría social, la que se levanta todos los días para sacar adelante a sus familias, para dar oportunidad a sus hijos, para poder llevar una retribución a su casa y para tener acceso a todo aquello que está en la Constitución”.
En este contexto, ha rechazado las “posturas partidarias, tristes” que, a su juicio, se sitúan “en contra del interés general” y buscan limitar los avances conseguidos en España durante los últimos 40 años, en clara alusión a PP y Vox.
De este modo, ha advertido de que, al rechazar el decreto de vivienda, “están yendo contra miles y miles de familias” que “estaban esperanzadas” en poder acceder a una vivienda, la “principal preocupación” de la ciudadanía española.
En relación específica con Canarias, ha reprochado al Gobierno autonómico la “callada por respuesta” ante la petición del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria para declarar la capital como ‘zona tensionada’ en materia de vivienda.