El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha alertado sobre la existencia de mecanismos legales que aseguran el cumplimiento de las comunidades autónomas en base a la Ley de Extranjería, particularmente tras la actualización del artículo 35, y el inminente Real Decreto de Capacidad, que se espera sea ratificado el 26 de agosto. Esta normativa será aplicada en situaciones de crisis migratoria reportadas por alguna autonomía.
«Está claro que hay mecanismos legales al respecto. No se puede nadie negar a cumplir una ley», declaró Torres a los medios después de una junta en Las Palmas de Gran Canaria con delegados gubernamentales de diversas comunidades autónomas, incluyendo a los de Ceuta y Melilla así como a los de Canarias, mientras que otros participaron de manera remota.
En la reunión, donde también estuvieron presentes representantes del Ministerio de Infancia, Torres enfatizó el empleo de un «sistema garantista» que todas las comunidades deben obedecer por su carácter legal, haciendo referencia a la modificación del artículo 35. Por esto, ha pedido la cooperación de todas las comunidades, independientemente de su posición política previa, tras recibir noticias de que el Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón, en Madrid, ha suspendido temporalmente las actividades de un centro de refugiados al verificar que las instalaciones no cuentan con licencia de uso residencial, sino para actividades educativas, según informó el propio ayuntamiento.