El Ministerio de Trabajo y Economía Social ha anunciado este jueves una nueva campaña de inspección y control dirigida contra plataformas digitales y empresas multiservicios que cobran por la intermediación en la contratación de empleadas del hogar, una práctica que el Ejecutivo considera contraria a la normativa laboral vigente.
La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha defendido que estos servicios deben ser gratuitos y ha advertido de que algunas de estas plataformas estarían incurriendo en competencia desleal al cobrar por una función que la Ley de Empleo reserva como pública y sin coste para las personas trabajadoras.
“Se acabó hacer negocio a vuestra cuenta”, ha señalado durante el acto “Trabajadoras en el hogar: derechos, prevención, salud y seguridad”, en el que el Gobierno ha presentado un paquete de nuevas herramientas para reforzar la protección del colectivo.
QUÉ DICE LA LEY DE EMPLEO
La Ley 3/2023, de Empleo regula, en términos generales, cómo funciona el sistema de empleo en España.
En su artículo 8 define la intermediación laboral como las actuaciones dirigidas a poner en contacto ofertas de trabajo y personas demandantes de empleo para facilitar su colocación.
Y en su articulo 10, regula a las empresas privadas que pueden actuar como intermediarias, pero establece que deben garantizar la gratuidad para las personas trabajadoras.
Nuevas herramientas de prevención, formación y protección frente al acoso
El Ejecutivo ha puesto en marcha un conjunto de recursos digitales dirigidos específicamente a las trabajadoras del hogar, accesibles desde un nuevo apartado de la web del Ministerio de Trabajo y Economía Social.
Entre las principales medidas destacan cursos online gratuitos de prevención de riesgos laborales a través de Fundae, el cceso a la herramienta pública prevencion10.es del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, una guía técnica de prevención de riesgos en el servicio doméstico y un protocolo específico frente a situaciones de violencia y acoso en el hogar familiar
Este último instrumento incluye pautas prácticas para identificar, prevenir y denunciar situaciones de acoso, en un ámbito especialmente sensible por desarrollarse dentro del hogar.
Cambio normativo con impacto estructural
El Gobierno ha enmarcado estas medidas en la evolución legislativa iniciada en los últimos años, especialmente tras la aprobación del Real Decreto-ley 26/2022, que amplió derechos laborales para las personas trabajadoras del hogar, incluyendo el acceso a prestaciones por desempleo y la eliminación del despido por desistimiento.
También se destaca el papel del Real Decreto 893/2024, que reconoció por primera vez la obligación de garantizar la protección de la seguridad y salud laboral en el servicio doméstico, equiparándolo progresivamente al resto de sectores laborales.
Un sector altamente feminizado y precarizado
Según los datos oficiales, el régimen de empleo del hogar cuenta con unas 351.000 personas afiliadas en España, de las cuales el 96% son mujeres. La mayoría supera los 40 años y percibe un salario medio de alrededor de 1.138 euros mensuales.
El Ejecutivo ha subrayado el carácter estructural de la desigualdad en este sector, históricamente invisibilizado y asociado a tareas de cuidado no remuneradas o infravaloradas.
La vicepresidenta segunda ha insistido en la necesidad de revertir lo que ha descrito como un agravio histórico: “Se trataba de un trabajo reducido a lo doméstico, a las tareas femeninas. No se le da valor porque es trabajo que hacen mujeres que sustituye a trabajo que hacen otras mujeres y que durante siglos se ha ocultado”.