El diputado de Unión del Pueblo Navarro (UPN) en el Congreso, Alberto Catalán, llevará la próxima semana al Pleno una proposición de ley para modificar el Estatuto Básico del Empleado Público y la Ley General de Subvenciones, con el objetivo de impedir que personas condenadas por delitos de terrorismo puedan obtener subvenciones o acceder a empleos públicos en los que se trabaje con menores.
La propuesta, que se debatirá y votará el próximo martes, plantea incorporar un apartado 4 al artículo 56 de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, de forma que se exija como requisito específico para participar en procesos selectivos de plazas con contacto habitual con menores no haber sido condenado mediante sentencia firme por cualquier delito de terrorismo recogido en el Código Penal español y en el de los demás países de la Unión Europea.
En cuanto a las subvenciones, la iniciativa añade un apartado 3 Bis al artículo 13 de la Ley General de Subvenciones para fijar que “en ningún caso” podrán obtener la condición de beneficiario o de entidad colaboradora las personas físicas condenadas por sentencia firme por cualquiera de esos delitos, ni las personas jurídicas que tengan en plantilla o subcontraten actividad con otras personas físicas o jurídicas que se encuentren en esa situación, tanto en España como en otro Estado miembro de la Unión Europea.
El texto, recogido por Europa Press, determina igualmente que las bases reguladoras de las convocatorias de ayudas deberán reflejar de manera expresa esta prohibición para ser beneficiario o entidad colaboradora. Para acreditar que no se incurre en dicha causa de exclusión, se exigirá un certificado de antecedentes penales del Registro Central de Penados de todas las personas que vayan a ejecutar directamente o a participar en los proyectos y actividades subvencionados.
UPN quiere evitar que condenados por ETA impartan clases
En la exposición de motivos, UPN recuerda que el terrorismo, que España ha padecido “de forma especial” por los atentados de la banda terrorista ETA y del yihadismo islamista, provoca “efectos devastadores” en las sociedades donde actúa y subraya que sus consecuencias, más allá de las víctimas directas, “afectan a la convivencia dejando huellas difíciles de superar”.
El texto incluye datos de Covite, que contabilizó 421 actos de apoyo a ETA durante 2024, y apunta que, según esta asociación, “la legitimación de ETA sigue muy presente en el espacio público”.
La proposición sostiene que las administraciones públicas han de garantizar que los empleados públicos reúnen las condiciones necesarias para desempeñar su función de manera adecuada y que quienes desempeñan tareas con menores dispongan de “la necesaria autoridad ética y moral”, por lo que considera que “no resulta lógico ni conforme con los valores democráticos encargar estas tareas a personas condenadas por delitos relacionados con el terrorismo”.
Como ejemplo concreto, Unión del Pueblo Navarro menciona la contratación de un condenado por pertenencia a ETA como profesor en el Instituto Valle del Ebro de Tudela y recalca que no es la primera ocasión en que se produce una situación similar “sin que se hayan adoptado los cambios legales necesarios que lo impidiesen”.
La iniciativa defiende que un pasado vinculado a actividades terroristas debe “inhabilitar moral y éticamente” para impartir docencia y asumir la responsabilidad del desarrollo educativo de niños y jóvenes, y subraya que, con la normativa vigente, no se ha podido evitar que esa persona accediera al contrato y esté dando clase, algo que califica de “lamentable, contrario a la convivencia y humillante para las víctimas”.