La Fundación Alternativas, 1º de Mayo y Oxfam Intermón han advertido de “la erosión del bienestar social” en España provocada por las “brechas estructurales” en el acceso a la vivienda, la calidad del sistema educativo y la equidad en la atención sanitaria.
“Todo parece indicar que el sistema de protección enfrenta serios desafíos”, recalcan estas entidades en el “VII Informe sobre la desigualdad en España 2026”, presentado este jueves en la sede del Consejo Económico y Social, donde se analiza el impacto de estos factores sobre el modelo de bienestar.
El informe identifica la inflación, las dificultades de acceso a una vivienda y la pobreza infantil como las “principales amenazas” que afronta el Estado del bienestar europeo. A partir de los datos recogidos, el estudio constata que “casi ocho de cada diez personas creen que en España hay muchas desigualdades” y que los colectivos más perjudicados son “las personas con menos recursos económicos, las mujeres, los jóvenes y las personas racializadas”.
En la presentación del documento, Olga Salido, profesora de Sociología de la UCM y codirectora del análisis, subrayó que “la desigualdad no es un Estado, es un proceso condicionado el mercado de trabajo, los cambios demográficos y tecnológicos, las expectativas sociales o la percepción que tenemos de quiénes somos. Y tienen un papel muy importante las políticas públicas y el diseño institucional”.
La inflación agrava la brecha social
En relación con la escalada de precios, la investigación concluye que “ha tenido un efecto regresivo en términos distributivos, intensificando las desigualdades”. Las organizaciones señalan que trabajadores y pensionistas han visto “erosionado su poder adquisitivo”, ya que las subidas salariales y de las prestaciones quedaron “muy por debajo del incremento de los precios”.
Según la encuesta, el 30% de las personas consultadas afirma que sus ingresos actuales no les permiten llevar una vida digna, casi tres puntos porcentuales más que en 2023, lo que muestra un deterioro progresivo de la situación económica de los hogares.
El texto también detecta “efectos diferenciales” de la inflación entre familias endeudadas, ahorradores y titulares de activos financieros. En el ámbito del consumo, los hogares “pobres” se enfrentaron a “tasas de inflación específicas más elevadas” porque “dedican una mayor proporción de su renta a bienes básicos, como energía y alimentos”, lo que limita aún más su margen económico.
“Panorama dramático” en el acceso a la vivienda
En materia de vivienda, el estudio describe que “el panorama es dramático” y la señala como “la principal fuente generadora de desigualdad”. De acuerdo con los datos, el 45% de la población encuestada reconoce que la crisis habitacional “les genera un fuerte malestar”, reflejando la intensidad del problema.
La percepción de esta crisis varía según el régimen de tenencia: entre las personas propietarias, solo el 33,2% afirma sentirse afectada, mientras que entre quienes viven de alquiler la proporción se eleva hasta el 73,6%. El informe constata, además, la consolidación de la llamada ‘Generación del Alquiler’ como “modelo agotado en el que el bienestar de unos depende crecientemente de la extracción de rentas de otros”.
Para revertir esta situación, la investigación reclama que las fuerzas políticas cierren un Pacto de Estado en materia de vivienda que permita desarrollar un parque de vivienda social y asequible, reforzar la inversión pública y activar medidas como la incorporación al alquiler de viviendas vacías o de uso turístico.
“El reto político no consiste únicamente en aumentar la oferta, sino en desmantelar un entramado institucionalizado que convierte el derecho a habitar en una infraestructura de explotación”, recoge el documento, que también remarca que “es urgente aplicar la Ley de Vivienda en las comunidades autónomas donde no se está haciendo”.
Desigualdades en sanidad y educación
El análisis aborda igualmente las brechas en el acceso a la sanidad a través del Sistema Nacional de Salud y plantea actuaciones para garantizar la cobertura universal. Entre ellas, destaca la necesidad de asegurar una cita en Atención Primaria en un máximo de 78 horas y de reforzar la transparencia sobre la actividad asistencial y las listas de espera.
“Se trata de ofrecer en abierto por internet datos e información de los recursos (personal, quirófanos, etc.) disponibles y utilizados”, señalan los autores, que vinculan esta transparencia con una mejor rendición de cuentas del sistema sanitario.
En el ámbito educativo, el texto sostiene que sigue siendo imprescindible la “adopción de políticas y prácticas” dirigidas a reducir la tasa de repetición, la falta de titulación y el abandono escolar temprano, factores que alimentan la reproducción de la desigualdad entre generaciones.
El documento considera, además, “indispensable” rebajar los mecanismos de segregación asociados a la red de centros concertados, con especial atención a las cuotas exigidas a las familias, que pueden actuar como barrera de entrada para los hogares con menos recursos.
En este mismo campo, el análisis sitúa como tarea “urgente” la creación de plazas públicas “gratuitas” en el primer ciclo de educación infantil, al entender que la escolarización temprana es clave para la igualdad de oportunidades.
La fiscalidad como palanca contra la desigualdad
De cara a la corrección de las desigualdades descritas, los autores subrayan que la política tributaria es “una herramienta imprescindible” y reclaman una revisión profunda del esquema actual. “Sería deseable impulsar una reforma tributaria integral, orientada a dotar al sistema en su conjunto de mayor progresividad y capacidad recaudatoria”, apunta el texto.
Para avanzar en esa dirección, las fundaciones proponen cambios especialmente en la imposición sobre la riqueza, mediante una reforma del diseño del impuesto sobre el patrimonio, con el fin de reforzar su eficacia redistributiva.
La investigación añade que España debería “seguir impulsando la agenda de fiscalidad sobre las grandes fortunas, la fiscalidad corporativa y la lucha contra las guaridas fiscales”, alineándose con los debates internacionales sobre justicia fiscal.
Mirando al futuro, las organizaciones reclaman políticas económicas “más sensibles” a las distintas realidades de los grupos vulnerables, como familias monoparentales o parejas con tres o más hijos, de forma que las respuestas públicas se adapten mejor a sus necesidades específicas.
Por último, el documento apuesta por introducir mecanismos progresivos automáticos de indexación y por mejorar la calidad institucional y de la implementación, de manera que las medidas lleguen efectivamente “a los colectivos para quienes fueron diseñadas” y contribuyan a frenar “la erosión del bienestar social”.