Vox ha presentado una querella ante el Juzgado de Instrucción de Montoro (Córdoba) dirigida contra el presidente de Adif, Luis Pedro Marco de la Peña, y la expresidenta del ente público, Isabel Pardo de Vera, a los que atribuye la comisión de un presunto delito de homicidio imprudente o imprudencia grave en relación con el accidente ferroviario de Adamuz, en el que han muerto más de 40 personas y se han registrado más de cien heridos.
En un comunicado, la formación detalla que también imputa al presidente de Adif y a la expresidenta otros posibles delitos vinculados con “derechos de los trabajadores, por infracción muy grave del deber de cuidado”; así como prevaricación por omisión, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias y fraude y exacciones ilegales en su modalidad de intervención fraudulenta en contrataciones públicas o en la liquidación de haberes públicos.
Vox califica los hechos como “extremadamente graves”. “Con independencia de las distintas causas y de la autoría inmediata, que pudieran haber causado el accidente, bien sea por falta de diligencia, de forma accidental, o una concurrencia de ellas, en todo caso aparece una grave negligencia en la falta de mantenimiento y cuidado de las vías ferroviarias”, sostiene la querella.
En el escrito, el partido subraya que el elevado número de fallecidos, las lesiones sufridas por las víctimas y la necesidad de recuperar la confianza de los usuarios en el transporte ferroviario obligan “a la investigación a analizar de forma exhaustiva la situación y evolución previa del estado de la red ferroviaria en todo el trayecto”, así como la adjudicación y ejecución de la “contratación pública al respecto, las personas intervinientes y beneficiadas en las mismas, y el cumplimiento de los procedimientos de seguridad y salud”.
Además, Vox afirma que en este momento “se puede determinar aquellas personas que deben responder penalmente de los delitos incluidos en la querella, con independencia del análisis de las causas del siniestro que quedará a expensas de la necesaria investigación”.
Según añade la formación, “ya en este momento, es evidente la responsabilidad de los querellados, por la existencia de un resultado objetivo como son los fallecimientos, lesionados, y los daños materiales vinculados al accidente, y que por tanto, se deduce en la exigencia de investigación judicial y la responsabilidad penal de los querellados, dimanante del deber de cuidado inherente a las competencias legales de sus cargos”.
Vox recalca asimismo que “es innegable obviar los diferentes avisos que se han producido a lo largo de los últimos meses (incluso años) en referencia a las incidencias y averías que se han producido en el tramo donde ha sucedido el brutal accidente: por parte de los maquinistas, el sindicato Semaf, InfoAdif y numerosos usuarios”.
En su querella, el partido solicita al tribunal que tome declaración a los dos querellados y también al ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Oscar Puente; al exministro José Luis Ábalos --en prisión por el 'caso Koldo'-- y al actual secretario de Estado de Transportes y Movilidad Sostenible, José Antonio Santano Clavero, entre otros posibles implicados, así como a quienes resulten “responsables en la medida de su ámbito de competencia y participación en la toma de decisiones”.